El PP acusa al gobierno local de cobrar tasas de alcantarillado a vecinos que carecen de este servicio
Por Redacción
El grupo municipal del Partido Popular, a través de su portavoz Jacobo Moreira, acusa al gobierno local de acosar fiscalmente a los vecinos de Pontevedra en relación con el cobro de las tasas del alcantarillado.
Los populares señalan que la presión fiscal en el municipio de Pontevedra se sitúa en 600 euros frente a los 354 de media en Galicia. Un dato que emplea Jacobo Moreira para denunciar la "voracidad recaudatoria" del gobierno municipal al que acusa de llevar a cabo "una estafa política". Añade que el Tribunal Económico-Administrativo, formado por técnicos municipales, ha emitido dos resoluciones en diciembre de 2015 alertando al Concello del cobro irregular de las tasas del alcantarillado, un servicio del que todavía no disfrutaban los vecinos de parroquias como Campañó y Xeve, según los populares.
Para cobrar estas tasas tiene que haber alcantarillado a menos de 100 metros de la vivienda, que sea técnicamente posible la conexión y que el Concello haya trasladado la comunicación a los vecinos. Y considera que no es válido encargar a la empresa concesionaria del servicio la emisión del comunicado reclamando el pago y la evaluación del estado de la conexión a la red.
Solo los que reclaman a tiempo pueden hacer frente a estas situaciones, algo que Moreira entiende que es comparable al caso de las "preferentes", de forma que solo los que presentaban una reclamación llegaban a evitar esta petición de las cantidades que se reclamaban de los últimos cuatro años.
Según María José Rodríguez Teso, más de treinta vecinos acudieron a las oficinas del Partido Popular para preguntar sobre esta situación y pedir asesoramiento para reclamar. La concejala popular apuntó que a alguno de los afectados se le reclamaron más de 300 euros y que el Tribunal Económico Administrativo está revisando 6 casos.
RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL
El portavoz del gobierno municipal, Raimundo González, indicó que esas reclamaciones son una prueba de que en el Concello de Pontevedra hay una garantía absoluta de cara al administrado, ya que el Tribunal Económico Administrativo es un órgano municipal que atiende a las demandas vecinales. González apuntó que los recibos fueron emitidos por el servicio correspondiente basándose en una ordenanza y no se puede anular porque habría resultado injusto para otros vecinos.
Indicó que las reclamaciones se han registrado, sobre todo, en Campañó, además de en las parroquias de Alba, Lérez, Xeve y Cerponzóns. Y afirmó que las reclamaciones son atendidos porque el Concello no comunicó a los vecinos que había que conectarse a la red.
Según informó el protavoz municipal, el impacto económico en el caso de que se reclamen los últimos cuatros años de tasas llegarían a 200 euros, ya que el cobro es de 9 euros al bimestre. La conexión de la red supone 600 euros por vivienda.
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