A finales de 2012, cinco trabajadores de la Cámara de Comercio presentaron una denuncia por acoso laboral. Hoy, el fiscal jefe Juan Carlos Aladro los llamó a prestar declaración para conocer con detalle el motivo de la denuncia. Los trabajadores afirman que esa situación de acoso comenzó tras haber denunciado una serie de pagos realizados por la Cámara de Comercio de Pontevedra a una empresa de Brasil como posible contratación irregular. Tres de estos trabajadores ya fueron despedidos de la Cámara pontevedresa.
Hoy, ante Aladro, explicaron toda la situación con detalles sobre las reuniones y las peticiones que estos trabajadores recibieron para que no se presentase la denuncia. Sin embargo, ellos aseguran que siguieron hacia delante porque ya habían sufrido situaciones similares cuando habían presentado quejas porque los salarios no se estaban pagando conforme a la ley y desde la Cámara en lugar de resolverlo decidió "realizar las nóminas a través de una agencia externa".
Por este motivo asegura que "viendo la situación de la Cámara, no era momento de tapar nada. Queríamos luz y taquígrafos. Por eso presentamos la denuncia. Todo terminó con el despido. A los dos que no despidieroon fue porque no pudieron, uno es personal estatutario y el otro delegado de personal".
Ambos aseguran estar sufriendo presiones en los últimas semanas en su centro de trabajo: "No tenemos la llave, hay compañeros que la tienen, nosotros no. La situación es difícil para trabajar en estas condiciones".
El delegado de personal, José Espiña, afirma que el acoso se mantiene "he querido hacer el curso de mediación y no me dieron información. Fueron cuatro personas de Vilagarcía, en Pontevedra solo lo hizo la secretaria general (Charo Lorenzo) que no sé yo que credibilidad puede tener como mediadora". Y aseguran que a diario tienen que escuchar risas y comentarios del tipo "jijiji, jajaja... aquí sobra mucha gente. Lo dicen también los directivos que vienen".
Estos trabajadores reconocen que las Cámaras tienen que reestructurarse. Hasta finales de 2012 eran diez los trabajadores de la Cámara, ahora con los despidos, son 6 y la secretaria general. Indican que el Consello galego de Cámaras pagó casi 30 mil euros por un estudio sobre una posible reestructuración. Señalan que en ese informe no se hablaba de despidos, "solo de jubilaciones o pactos con los trabajadores" y comentan que "eso no les gustó a las Cámaras porque no había despidos, por eso pidieron un anexo al informe en el que aparecen las cifras". En ese anexo, el único departamento que crecía era el de emprendimiento en el que trabajaban estos empleados y que se dedicaba a la creación y ayuda a las empresas. Creció un 40%, mientras que el resto bajaba. Por eso, estos trabajadores señalan que lo necesario en la Cámara es una mejora desde el punto de vista de la productividad.
El delegado de personal también afirma que en relación con las rebajas salariales que se ejecutan en esta primera nómina del año "nadie me ha comentado nada. Lo sé todo por la prensa. Hasta que cobre la nómina de enero, no sabré que rebaja se me va a aplicar".
Fiscalía ya abrió diligencias y, por este motivo, el fiscal Juan Carlos Aladro, tras la toma de declaraciones, no se quiso pronunciar sobre el caso alegando que está bajo mandato judicial.