Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) han acudido en la mañana de este miércoles al Concello de Pontevedra para reclamar, por orden judicial, documentación relativa a la empresa Aquagest, que actualmente ha pasado a llamarse Viaqua, pero sigue prestando el servicio como concesionaria del servicio municipal de agua.
Dos funcionarios de Aduanas llegaron al Concello sobre las 10.00 horas por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que dirige la jueza Pilar de Lara, la misma que lleva la investigación de la operación contra la corrupción política 'Pokemon', con orden de llevarse una serie de documentación que fue recabada por los funcionarios municipales de Pontevedra tanto en el edificio de la calle Michelena 30 como en el archivo municipal de la calle Alfonso XIII.
Los agentes del SVA permanecieron hasta las once de la noche en las dependencias de Secretaría e Intervención, donde recogieron la documentación que le fueron facilitando los trabajadores del Concello. Ante el volumen de la información solicitada, operarios municipais colaboraron con la retirada de todos estos expedientes.
Fuentes municipales han confirmado que la la orden judicial reclamaba todos los contratos y prórrogas, en caso de existir, que haya firmado el Concello de Pontevedra con el grupo Aguas de Barcelona desde el año 2009, así como la facturación con empresas del grupo desde el año 2009 y la facturación del Concello con la empresa de transporte de viajeros Viuda de Cándido desde ese mismo año 2009.
En el caso de Aguas de Barcelona, grupo al que pertenece Aquagest, desde el Concello indican que tan solo existen contratos con Aquagest y que se trata de un único contrato firmado en el año 1997 y vigente hasta 2017.
Los funcionarios de Aduanas no realizaron un registro físico, pues se limitaron a solicitar la entrega de la documentación presente en el Concello. Tenían orden judicial de no abandonar el Concello de Pontevedra hasta que le fueran entregados todos los expedientes reclamados. En eso han trabajado una veintena de personas del servicio de Intervención, para facilitar la labor de los agentes, buscando factura a factura para cumplir con las peticiones de Audanas.
A diferencia de lo que pensaban los agentes, la documentación está archivada por periodos -anuales, semestrales, trimestrales o mensuales- y no por empresas, lo que implicó que los funcionarios municipales debieron revisar todas las facturas para localizar las de las empresas solicitadas.
La presencia de estos agentes en Pontevedra se realizó en el marco de la operación Pokemon, pero en una pieza separada abierta en el año 2014 para investigar las actuaciones relativas a la empresa Aquagest.
En el marco de la operación Pokemon la jueza De Lara ya solicitó documentación en el año 2013 en otros concellos de la comarca como Ponte Caldelas o Marín en relación con sus contratos de servicios con esta misma compañía.
Además de Pontevedra, según publica El País, también se han producido registros en los ayuntamientos asturianos de Oviedo y Salas, reclamando varios expedientes que guardan relación con contratos vinculados a la empresa Aquagest.