El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, se ha comprometido este lunes a estudiar las peticiones de indulto a seis sindicalistas, condenados todos ellos a tres años de cárcel por su participación en diferentes protestas laborales. Entre ellas, están Ana Outerelo y Tamara Vidal, que tras ver retrasada su entrada en prisión al paralizarse la ejecución de su sentencia reciben otra buena noticia para sus intereses.
En un encuentro celebrado en Madrid, Gallardón se reunió con los secretarios generales de CC.OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez respectivamente, a los que les trasladó que estudiará el caso de las pontevedresas y de sus compañeros de Vigo y Granada, si bien ha señalado que deberán analizarse por separado, ya que la Constitución no permite una política de indultos de carácter general.
Méndez y Toxo trasladaron al ministro de Justicia su preocupación ante lo que consideran una "ofensiva penal" contra el derecho a la huelga y a la libertad sindical. Recordaron que Fiscalía acumula más de 120 años de prisión en solicitudes de penas ante juzgados de diferentes provincias para trabajadores y sindicalistas por su participación en protestas laborales. Exigen que el Ministerio actúe que nadie entre en prisión "por desarrollar actividad sindical".
En este sentido, Ruíz Gallardón negó que exista una instrucción por parte de la Fiscalía General del Estado para actuar contra los trabajadores y que si los jueces han coincidido en sus sentencias, será "fruto de su propia reflexión".
El ministro de Justicia no ha querido establecer una fecha exacta sobre cuándo podrá estar lista la respuesta a esta petición de indulto, aunque ha indicado que el tiempo que se tarda en resolver estos trámites está entre uno y tres meses. En este sentido, no ha querido anticipar cual será la propuesta que el Ministerio remitirá al Consejo de Ministros sobre el caso, aunque admitió que es cierto que "no hay violencia".