Hasta cinco minutos antes de arrancar el Pleno de la Deputación el grupo provincial del Partido Popular no había decidido qué iba a votar en la moción presentada por los socialistas exigiendo la "retirada inmediata" del proyecto de ley Poder Judicial.
Así lo reconoció el titular de la Deputación y presidente provincial del PP, Rafael Louzán, consciente de que el texto propuesto por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón "non atende ás peculiaridades de Pontevedra e de Vigo".
La indefinición duró apenas media hora pues durante la sesión plenaria, el diputado popular, José Manuel Figueroa, concejal de Vigo, aclaró que "a postura que ten o Partido Popular a nivel provincial e a nivel galego é contraria ao anteproxecto de Lei nos términos nos que está redactada".
Curiosamente las tres fuerzas políticas compartían el argumentario en contra de esta reforma de los partidos judiciales, entendiendo que es "especialmente lesivo" en el caso de la ciudad olívica.
José Manuel Figueroa recriminó que no existiese esta misma unanimidad en el Concello de Vigo ya que el BNG se abstuvo. El portavoz del grupo nacionalista, César Mosquera, explicó que de manera "coherente" el BNG se abstuvo en Vigo porque la moción allí aprobada exigía que de manera alternativa en el caso de que la reforma de Gallardón saliese adelante que la capital judicial fuese para Vigo, cuestión en la que no están de acuerdo.
Mosquera aprovechó la ocasión para subrayar la "incoherencia" que a su juicio demostró el "se é que o sigue a ser" el portavoz del PP en el Concello de Pontevedra, Jacobo Moreira, que este pasado lunes "fixo unha encendida defensa da Lei que agora acaban vostedes de rexeitar".
El BNG destacó la "incoherencia" del PP en el Concello de Pontevedra
Finalmente Santos Héctor Rodríguez, voceiro e deputado do Grupo Provincial Socialista, dirixindose a prensa local de Pontevedra "porque os deputados xa estamos todos convencidos" subrayó la importancia del partido judicial de Vigo y recordó que en la provincia de Pontevedra "esa medida suporá a desaparición dos 12 partidos xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da accesibilidade dos cidadáns e dos custos derivados".
En consecuencia, por unanimidad el Pleno acordó instar al Gobierno de España la retirada inmediata del proyecto de ley del Poder Judicial y también instar a la Xunta de Galicia a reclamar del Gobierno del Estado el mantenimiento de los partidos judiciales de la provincia de Pontevedra.