Los veinte detenidos en el marco de la operación Halia, que ha tenido su epicentro en la comarca de O Salnés, formaban parte de una organización criminal dedicada a la importación de cocaína desde Sudamérica hacia Europa mediante el uso de embarcaciones deportivas.
Así lo ha detallado la Guardia Civil, el cuerpo policial que ha liderado esa investigación contra el narcotráfico, desarrollada desde principios del año pasado en colaboración con la agencia antidroga estadounidense, la conocida como la DEA, y Europol.
Junto con los veinte detenidos en las provincias de Pontevedra, A Coruña y Madrid, los agentes realizaron 27 registros, en los que incautaron más de tres millones de euros.
En los domicilios revisados hallaron además 50 kilos de cocaína, 1 kilo de heroína, 1.700 kilos de hachís, 10 kilos de marihuana, 1 kilo de tussi, 750 gramos de MDMA, 10.000 pastillas de éxtasis, 700 gramos de anfetamina y 21 bidones con productos químicos para el corte de sustancias.
Además, se han intervenido 16 coches, seis de ellos de alta gama, cuatro relojes de alto valor, tres armas de fuego o 32 teléfonos encriptados y se han embargado bienes por más de diez millones a través del bloqueo de 44 cuentas bancarias, 26 inmuebles o varios barcos.
Las pesquisas sobre esta red comenzaron tras detectar la inusual actividad de este grupo y se centraron inicialmente en una importante remesa de cocaína que el grupo criminal pretendía trasladar desde una embarcación nodriza a un velero fondeado en aguas del Caribe.
Ese velero fue sometido a una inspección e identificación de sus ocupantes en aguas caribeñas por las autoridades francesas, previamente al supuesto alijo, hechos que provocaron que el grupo investigado abortara su plan inicial.
Pero la Guardia Civil reconoce que esta organización logró introducir en España, a través de las costas gallegas, diversas cantidades de droga a lo largo de su trayectoria. Les consideran responsables de gran parte de la entrada y distribución de la cocaína en el noroeste peninsular.
Fletaban veleros y catamaranes desde Galicia a Sudamérica con el objetivo de transportar toneladas de cocaína hacia Europa, siempre tripulados por jóvenes con conocimientos marítimos y sin antecedentes relacionados con el narcotráfico.
Al llegar la droga a distintos puntos de la geografía gallega, la organización utilizaba vehículos dotados con sofisticados dobles fondos y sistemas de ocultación del estupefaciente, para distribuir la droga por distintas provincias españolas.
Muchos de los investigados llevaban realizando esta actividad delictiva de manera sistemática durante años, pero dada su experiencia y las minuciosas medidas de seguridad adoptadas habían conseguido no ser detectado por las diferentes unidades antidroga.
Además, empleaban métodos, aplicaciones y dispositivos encriptados en sus comunicaciones, lo que provocó que esta investigación sobre este grupo criminal tuviera una gran complejidad.
El análisis realizado por los investigadores ha permitido aflorar un patrimonio ilícito que supera los diez millones de euros en territorio nacional, repartido entre viviendas de lujo, vehículos, barcos y otros bienes, resaltando la explotación de estancos y de viveros de moluscos.
Los integrantes de este grupo utilizaban diferentes estructuras para el blanqueo de capitales, sirviéndose de testaferros, empresas pantalla, compensaciones en metálico y ficciones documentales para ocultar todo su patrimonio.
Contaban también con un laboratorio de adulteración y corte de cocaína, instalado en una zona aislada de Madrid, permanentemente controlado y vigilado por la organización criminal y en el que han sido halladas distintas sustancias químicas y precursores.
En él, según estiman los investigadores, preparaban unos 100 kilos al mes de cocaína.
Toda esta investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Especial Antidroga.