Un grupo de trabajadoras de la residencia de mayores Domus Vi de Ribadumia se concentraba este martes ante las puertas de la delegación de la Xunta de Galicia en Pontevedra, donde estaba previsto el acto de conciliación en la oficina de la Sección Provincial de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) debido al conflicto laboral que se registra en los últimos meses en el centro de atención a personas mayores.
La empresa presentó a la directora de la residencia de Ribadumia pero sin estar acompañada por abogados, de manera que no se alcanzó acuerdo entre las partes.
Las trabajadoras denuncian que la empresa impone horarios al personal sin negociar con el comité de empresa, como viene recogido en el convenio colectivo. Iván Veiga, de CIG-Servizos de Pontevedra, manifestaba que los nuevos horarios establecidos por la empresa empeoran los anteriores al no respetar el descanso semanal y superando el cómputo de jornada establecido en el convenio.
Por este motivo, la CIG presentaba una demanda en el Juzgado de lo Social de Pontevedra. Alertan de que la empresa incumple la obligación de compensar las jornadas festivas con tiempo para el personal. De esta forma, las trabajadoras afectadas deciden presentar reclamaciones individuales y Domus Vi se ve, por sentencia judicial, obligada a compensar económicamente a las demandantes.
Está previsto que en los próximos días se celebren asambleas en el centro para estudiar la convocatoria de huelga. Además, el 6 de marzo está previsto el inicio de la negociación de un nuevo convenio colectivo. Veiga recuerda que las tablas salariales del personal se encuentran por debajo del salario mínimo interprofesional y también los derechos permanecen por debajo de las condiciones que presenta el personal que trabaja en residencias públicas. "Chegan a cobrar catro mil euros máis que as da privada e a súa xornada é máis reducida", expone el representante sindical que sostiene que este "modelo privatizador non beneficia socialmente".
Actualmente, en la residencia Domus Vi de Ribadumia se encuentran cubiertas las 152 plazas de personas usuarias, que son atendidas por alrededor de 70 trabajadores, de los que unos 40 son gerocultores.
Debido a las duras condiciones de trabajo, ahora mismo hay un total de veinte personas de baja. Como consecuencia "están todos os días chamando a compañeiras para cubrir faltas e se non se colle o teléfono hai represalias. Roza o acoso", afirma una trabajadora de la residencia, que advierte de la falta de personal para atender a todas las personas en el centro.
Señalan que esta situación laboral termina afectando a las condiciones en las que son atendidas las personas usuarias de la residencia, a pesar del esfuerzo que realizan las trabajadoras.