Los acusados de falsear datos de ITV de remolques eran conocidos entre feriantes de toda España
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
"Los compañeros me decían que él lo hacía". Habla un feriante de Barcelona que compró un remolque sin documentación y necesitaba que alguien le emitiese una tarjeta de ITV que le permitiese homologar y matricular el vehículo. Cuando preguntó a otros feriantes, no lo dudaron, le dieron el contacto de los hermanos José Luis y Carlos L.L., les llamó, le emitieron la documentación y se la enviaron por correo previo pago de entre 500 y 600 euros.
Este feriante declaró este miércoles como testigo en el juicio que quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Pontevedra contra tres vecinos de Pontevedra y Cotobade acusados de un delito de falsedad en documento oficial por falsificar tarjetas de ITV para homologar vehículos que habían construido otras personas o que habían sido adquiridos en el extranjero y necesitaban legalización en España haciéndolos pasar por remolques o camiones construidos en sus propias empresas pontevedresas. Durante los cinco años que investigó la Guardia Civil, se le atribuye que cometieron algún tipo de irregularidad en 297 vehículos de toda España, la mayoría a feriantes.
Este miércoles, en la segunda sesión del juicio, pasaron por la sala un docena de cliente que compraron a estos acusados vehículos o le pagaron para que le emitiesen documentación para homologar los que ellos ya tenía. La mayoría de ellos era feriantes y aseguraron al tribunal que el boca a boca había hecho conocidos a los hermanos José Luis y Carlos L.L. en la profesión y todos sabían que había unos empresarios en Pontevedra que les podían arreglar los papeles de sus vehículos.
"Dí con ellos a través de un compañero. Me dijo que me lo hacían", relató uno desde Cataluña. Un cliente de Zaragoza explicó que en su caso los papeles fueron para un remolque le construyó una empresa aragonesa, pero que tras hacerle el vehículo le pedía 3.000 euros por darle la ficha de ITV. Le hablaron de los hermanos pontevedreses, les llamó por teléfono (no puede concretar a quén de ellos), les dio los datos y le llegó la documentación por correo tras pagarles 500 euros. Asegura que "en aquel momento no sabía que no era legal".
Esta fama que se habían ganado los hermanos imputados en este procedimiento judicial ya la pusieron de relevancia el martes agentes de la Guardia Civil que llevaron la investigación. En la segunda sesión del juicio lo acreditó un feriante de Cataluña al que ayudaron a conseguir los papeles para un remolque comprado en la República Checa o un cliente gallego que no se dedica a las atracciones de feria, sino que lo que le compró un remolque construido por ellos, pero sobre el que la Guardia Civil tuvo dudas sobre posibles irregularidades.
Un cliente gallego, al tribunal: "Una pregunta. ¿Y en qué situación estoy yo con el remolque?
Precisamente, este cliente protagonizó la anécdota del juicio cuando, terminada su declaración, pidió al tribunal poder plantear una duda. "Una pregunta. ¿Y en qué situación estoy yo con el remolque? Estamos hablando de un remolque agrícola para andar por la aldea", planteó. La presidenta del tribunal le recomendó que "vaya a Tráfico y se lo explican". La pregunta viene motivada porque en el año 2009 la Guardia Civil retiró la documetación a 297 vehículos con alguna irregularidad y, desde entonces, muchos siguen paralizados.
Los testigos que declararon durante la última sesión del juicio explicaron que unos de ellos tratararon con José Luis L.L. y otros con Carlos L.L., mientras que alguno simplemente hablo con "los hermanos Leiro", pero si poder concretar con cuál de ellos. A pesar de ser sus clientes y haber hecho negocios con ellos, no les conocen porque la práctica habitual era que todos los contactos se hacían por teléfono y los papeles se enviaban por correo.
Muy pocos llegaron a ver a quién le estaba homologado los vehículos, tan solo aquellos que le compraron a ellos o un cliente de Ciudad Real que les pidió colaboración para homologar un remolque construido por él mismo porque "nos salía más barato" tras enterarse de su existencia "por oídos de otros feriantes". Uno de los acusados (no puede precisar cuál) se desplazó a Ciudad Real para tomar los datos del vehículo y luego le envío por correo la matrícula y la documentación.
El fiscal mantuvo su petición de seis años de prisión y una multa de 7.200 euros para José Luis L.L, y cinco años de cárcel y una multa de 6.000 para Carlos L.L. y su ex esposa, María José S.D.. Los abogados defensores de los tres pidieron su absolución y el martes, al inicio del juicio, habían reclamado la nulidad de todas las actuaciones.
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