Pocas normas han suscitado tanta polémica en la historia reciente de España como la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como la ley de 'solo sí es sí'. Llena de partidarios y detractores, este miércoles protagonizó la primera tertulia feminista organizada por el Concello de Pontevedra dentro de la programación del 8M 2023.
Belén Rubido, jueza decana de Pontevedra y, titular del Juzgado de lo Penal número 4, especializado en violencia machista; Dori Varas Noguerol, trabajadora social de la Oficina de Atención y Asistencia a las Víctimas del Juzgado de Vigo; y Rosa Fontaíña Pazos, coordinadora y portavoz de la Asociación de la Red de Mujeres Vecinales Contra los Maltratos de Vigo, protagonizaron esta actividad, conducida por la periodista de Diario de PontevedraMaría Varela.
La tertulia, que cubrió todo el aforo disponible del CIM de Pontevedra, sirvió para analizar los aspectos más polémicos de esta ley, pero, sobre todo, para conocer en profundidad el contenido tanto de la norma inicial aprobada en octubre de 2022 como de la reforma que está en tramitación en la actualidad, enfocada en elevar las penas y evitar las reducciones de condena que se han registrado en los últimos meses, 721 en toda España.
Esta ley se conoce fundamentalmente porque consagra el consentimiento como clave de la libertad sexual, pero Belén Rubido ha querido insistir en otros aspectos más desconocidos. Aclaró, además, que "si es un delito contra la libertad sexual, ya es inconsentido, sino sería una relación social normal" y que ella, como profesional que aplica la ley, no la valora ni hace pública su opinión.
"Yo aplico la ley, pero no puedo valorarla", insistió y aclaró que no dirá si era mejor la norma inicial o la reforma en tramitación, pero sí dejó claro que los jueces están obligados a revisar las condenas por el principio del ordenamiento jurídico español de aplicar la norma más favorable al reo, pero revisarla no siempre implica reducirla, sino que hay casos en los que se revisó y no se modificó la sentencia inicial.
Reconoció que existió esa reacción social polémica y contraria a la ley cuando comenzaron a conocerse las reducciones de condena porque "normalmente, las reducciones de condena son en los casos más graves".
Con la reforma, "se evitan las reducciones de condena", se vuelve al escenario inicial previo a la ley en cuanto a las penas máximas y mínimas. La diferencia fundamental de la reforma es que "se vuelve a introducir la violencia o intimidación para introducir esa mayor pena".
Este cambio de paradigma a la hora de juzgar los delitos sexuales en base al consentimiento y también la distinción entre abusos y agresión sexual son solo dos de los aspectos, pero la norma incluye también actuaciones como una mayor protección para las víctimas.
Se trata a de una novedad "de la que no se ha hablado" y supone la posibilidad de instalar dispositivos telemáticos de geolocalización para controlar el cumplimiento de penas o medidas de alejamiento de los agresores sexuales, incluso en caso de sobreseimiento de la causa. Las víctimas de violencia sexual tienen ahora un estatuto de la víctima similar al que tenían hasta ahora las víctimas de violencia de género.
También supone la ley un mayor derecho de reparación para las víctimas. La jueza decana habla siempre en femenino porque "desgraciadamente, el 90 y tantos por ciento de las víctimas son mujeres y niñas", si bien recuerda que también hay hombres y niños.
El derecho de reparación es "amplísimo" y supone también reparar a la víctima por la pérdida de oportunidades o por el daño social provocado por el delito que ha sufrido, entendido este como daño al proyecto de vida. La ley dedica un título entero a ese derecho de las víctimas a la reparación e incluye las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social y las garantías de no repetición, además de acciones de reparación simbólica.
Dori Varas tachó de muy importante que en la ley refleje el daño social porque lo que le ocurre a las víctimas les repercute "a nivel laboral, de ocio, de relaciones sexuales...".
Dori y Rosa confirmaron que no se están pidiendo esas reparaciones y la jueza decana explicó que con esta nueva ley, aún cuando la víctima renuncia a la acción civil y a reclamar indemnización, la ley permite revocar esa renuncia.
En la tertulia también salieron a relucir casos concretos como la denuncia por violación contra Dani Alves y la decisión de la víctima denunciante de renunciar a su indemnización. Todas coincidieron en que en la sociedad actual está ocurriendo que las víctimas tienen que renunciar para ganar credibilidad. "Ella renunció a la indemnización. ¿Y por qué? No podemos caer en: qué bien que no pide dinero. ¿Y por qué no va a pedir dinero? Es una víctima", señalaron en la tertulia, a la que asistieron una treitena de personas.
Rosa Fontaíña reconoció algunos defectos en esta ley, pero también insistió en que "a pesar de todo, tiene muchas ventajas". Por su parte, relató que en el día a día de su asociación ven "cómo juzga a las mujeres la ciudadanía" y que "las mujeres llegan al juzgado y se aplica mucho la presunción de mentira" .
La actividad contó con la presencia de una amplia representación de la política pontevedresa, con la presencia de la concejala de Igualdad, Yoya Blanco, y también de concejalas del BNG como Eva Vilaverde y Carmen Fouces o parlamentarias del PSOE como Paloma Castro. Tampoco faltó Manuela Vilaboy, jefa de la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra; abogadas; ex concejalas; y activistas feministas de distintas entidades.