Héctor Santaló, portavoz de la Xunta de Persoal del Concello, acompañado por otros integrantes de este colectivo, advertía este jueves que, en este mandato, el Concello de Pontevedra inició la investigación de 16 trabajadores municipales por causas laborales.
Los representantes sindicales destacaron esta circunstancia al lamentar todo el procedimiento realizado desde la concejalía de Persoal, que dirige Carme Fouces, al contratar a un detective para investigar la baja laboral de un bombero. Santaló lamentó los "graves defectos de procedimiento" y la "persecución del grupo de gobierno a ciertos trabajadores".
En el caso del bombero investigado, la Xunta de Persoal considera que la tramitación de un expediente disciplinario de estas características no corresponde al Concello de Pontevedra sino al Instituto Nacional de Salud. Afirma que el trabajador fue acusado de una baja fraudulenta y para defenderse tuvo que aportar certificados y documentos médicos que el Concello "no tenía que conocer ni el trabajador que aportar", entre otras irregularidades en la tramitación.
El portavoz del colectivo también denunció que el Concello "buscó otra víctima" en este caso al solicitar tres intervenciones a la Inspección Médica sobre el informe firmado por la doctora que le concedió la baja laboral. Santaló expuso que el expediente se tramitó partiendo de un error inicial al desarrollarse por una administración que no estaba habilitada y a lo largo de más de diez meses, en seis de ellos sin que el trabajador recibiera notificación por parte del Concello.
Señalan que, a través de una certificación del secretario municipal, han comprobado que en este mandato se ha investigado a once policías locales; un trabajador de administración especial; dos en el departamento de bomberos; y uno en personal de oficio. Entienden que estas investigaciones laborales se han realizado con "medios propios", probablemente a través de agentes de la Policía Local, según explicaron. Reconocen que de estos procedimientos carecen de información por parte del gobierno local. Héctor Santaló indicó que investigarán sobre estos expedientes y estudiarán la posibilidad de denunciarlo ante el Defensor del Pueblo.
UNIDAD ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS
Los representantes laborales también denunciaron el "desmantelamiento" que sufre la Unidad Asistencial de Drogodependencias (UAD). Criticaron que el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, haya afirmado que en este servicio se receta metadona al ofrecer "una versión parcial y sesgada".
Recordaron que en esta Unidad se atienden todo tipo de conductas adictivas, tanto a sustancias, al juego o a vídeojuegos, señalando que hay pacientes menores que emplean este servicio. Explicaron que la Xunta de Galicia mantiene este convenio desde el año 1992 con el Concello de Pontevedra destinado al pago del funcionamiento de este espacio.
Piden al alcalde que negocie con la Xunta una mayor dotación económica si resultan "insuficientes" los 400.000 euros actuales, el 80% del presupuesto del departamento, que aporta la administración autonómica.
Recordaron que la UAD lleva tiempo sin auxiliar administrativo, sin auxiliar de clínica y jubilaron a un psicólogo y a un médico. En el proceso de estabilización de puestos de personal laboral se excluyen esos puestos y, por tanto, no está previsto que se sustituyan.
Ante esta situación, denuncian que la UAD como servicio municipal sufre cada vez una mayor carga de trabajo. "Lejos de ser un servicio del que huir, hay que sacar pecho y sentirse orgulloso. El problema de las adicciones está presente", apuntó Héctor Santaló. También Carmen Franco, delegada de Persoal, recordó que el 50% de pacientes que son atendidos en la UAD de Pontevedra pertenecen al municipio mientras que el resto se corresponde con concellos del entorno.
Criticaron que Fernández Lores convoque a los alcaldes en defensa de la sanidad pública y, en cambio, no defienda esta servicio sanitario municipal.