El personal de la Unidad Asistencial de Drogodependencias (UAD) del Concello de Pontevedra ha emitido un comunicado para reiterar su denuncia sobre las "condiciones deplorables" en las que se atiende a la ciudadanía desde este servicio que presta asistencia tanto a personas con adicciones del municipio capitalino como de once concellos limítrofes: Marín, Poio, Barro, Moraña, Campolameiro, Ponte Caldelas, Vilaboa, Forcarei, A Lama, Cerdedo-Cotobade y Soutomaior.
Este servicio sanitario de Drogodependencias se creaba a través de un acuerdo entre el Concello de Pontevedra y la Xunta de Galicia en el año 1992 y que, desde entonces, ha atendido a más de 5.000 pacientes y familiares. Como ya denunciaban en julio de 2022, este departamento sufre una "muerte silenciosa" que, según los trabajadores, consiste en evitar cubrir las plazas del personal que se jubila.
Indican que hace seis años sucedió con el auxiliar administrativo. El trabajo que desempeñaba fue suplido entre el resto del personal a la espera de una nueva contratación. Sin embargo, el Concello de Pontevedra eliminó esa plaza en la Relación de Puestos de Trabajo.
Entre los años 2021 y 2022 se jubilaron un médico, una auxiliar de clínica y una psicóloga. De esta forma, el personal se quedó reducido a la mitad. El Concello les comunicó que no repondrá estas plazas "a expensas de su contratación por la Xunta de Galicia".
El personal denuncia que, desde el mes de julio de 2022, nadie atiende el teléfono ni realiza las funciones del auxiliar administrativo. Esta ausencia provoca que las personas tengan que acudir de manera presencial hasta las oficinas del servicio para solicitar o cambiar una cita. Los centros de Atención Primaria o especializada no pueden hacer derivaciones desde estos espacios sanitarios.
Pero además, los cinco profesionales actuales de este servicio indican que, en un plazo máximo de tres años, la mayoría del personal que trabaja en esta Unidad Asistencial se jubilará, haciendo "inviable" la continuidad del centro.
Entienden que el Concello de Pontevedra y la Xunta de Galicia "están en el camino de cerrar o privatizar el Servizo Sanitario de Drogodependencias" y lamentan que el grupo de gobierno del Concello de Pontevedra "cuando se manifiesta en defensa de la sanidad pública, olvide su responsabilidad en el único centro sanitario que cogestiona con la Xunta de Galicia".
El comunicado está firmado por la trabajadora social, el médico psiquiatra, la auxiliar de clínica, el psicólogo clínico y el diplomado de enfermería que trabajan en esta unidad.