"No hay plan B" en el Gobierno si el Supremo anula definitivamente la concesión de ENCE

Pontevedra
03 de febrero 2023

"Hay sencillamente la obligación de ejecutar la sentencia en los términos en los que esté", ha afirmado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha avanzado que así lo hará el Gobierno central con respecto a la decisión que adopte el Tribunal Supremo sobre la factoría pontevedresa

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente
Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente / Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

El futuro de Ence está en manos de la justicia. En el Gobierno "no hay plan B" para salvar la fábrica de Pontevedra si el Tribunal Supremo anula definitivamente la prórroga concedida por el ejecutivo de Mariano Rajoy para ocupar los terrenos de Lourizán hasta el año 2073.

Así lo ha sostenido este viernes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que a preguntas de los periodistas en Santiago ha asegurado que cuando se trata de una sentencia "no hay un plan A o un plan B" para tratar de eludir su fallo.

"Hay sencillamente la obligación de ejecutar la sentencia en los términos en los que esté", ha afirmado Morán, que ha avanzado que así lo hará el Gobierno central con respecto a la decisión que adopte el Tribunal Supremo sobre la factoría pontevedresa.

El alto tribunal tiene previsto fallar el próximo 7 de febrero sobre los recursos presentados por Ence a las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la ampliación de su concesión, a instancias de procedimientos iniciados por Greenpeace y el Concello de Pontevedra.

El Gobierno, según Morán, "no tenemos más que hacer que ejecutar la sentencia", por lo que intentar anticiparse a esta situación, sin conocer la sentencia, "sería bastante osado".

A pesar de ello, el secretario de Estado confía en que la empresa "en su propia capacidad" esté explorando opciones para mantener su proyecto industrial y garantizar los puestos de trabajo.

En esa labor, ha sentenciado Hugo Morán, "tendrá el apoyo" del Gobierno central, tratando de que, sea cual sea el fallo judicial, "no vaya en menoscabo de los empleos".