A menos de dos meses de que las ciudades de más de 50.000 habitantes deban adoptar medidas para reducir el tráfico y adaptarse a la nueva ley de cambio climático y transición ecológica, en el PP se muestran "preocupados" ante la posición adoptada por Pontevedra.
El gobierno municipal insiste en activar una tercera vía, la creación de zonas de tráfico reducido avaladas por el modelo urbano pontevedrés, pero los populares advierten que no ven "encaje legal" en esta propuesta que, por ahora, no tiene el visto bueno de Madrid.
El edil Pablo Fernández insiste en que la norma establece dos opciones para cumplir la ley, o cobrar por acceder a determinadas zonas de la ciudad o imponer el uso de la etiqueta ambiental, pero no ha autorizado la opción que defiende Pontevedra.
Los populares consideran "inexplicable" que el Concello haya aprobado su plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) sin tener la conformidad del Gobierno a la solución propuesta, "que está a la espera de un informe que lo avale", asegura Fernández.
En estos momentos, sin este permiso de los ministerios de Transportes y Transición Ecológica, el PP sostiene que el Concello ha creado una "muralla virtual" dentro del municipio, al limitar las zonas de tráfico reducido al centro y a los barrios de Monte Porreiro, O Burgo y Estribela.
De ahí que se pregunten si el gobierno municipal tiene "plan B" en el caso de que el Gobierno no acceda a la solución planteada desde la ciudad del Lérez.
LORES: EL PP "INTENTA CONFUNDIR" A LA CIUDADANÍA
Al respecto de estas declaraciones, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha dejado claro que "mentres eu sexa alcalde" ningún ciudadano tendrá que pagar por entrar con su coche en Pontevedra ni tendrá que cambiar de vehículo a uno con ecoetiqueta.
"O PP intenta confundir á cidadanía", sostiene Fernández Lores, que asegura que es precisamente el PP, con su oposición a la solución planteada desde Pontevedra, el que propone cobrar a la gente por circular por toda la ciudad.