La suspensión del plan social que Ence había pactado con la Xunta de Galicia, destinado a financiar con tres millones de euros anuales a asociaciones y colectivos de la comarca de Pontevedra, no ha gustado en el seno del gobierno gallego.
Su propio presidente, Alfonso Rueda, ha asegurado que la Xunta ha trasladado su "descontento" a la dirección de la empresa pastera. Lo ha hecho, según ha explicado, en "sucesivas ocasións".
La compañía aduce, ha explicado el titular del gobierno gallego, que "dada a redacción do convenio" y ante la situación de incertidumbre que atraviesa la fábrica de Pontevedra, pendiente de la decisión del Tribunal Supremo sobre su prórroga, "procede esa suspensión".
Pero en la Xunta no están de acuerdo e instan a Ence a retomar su plan social lo antes posible.
Lo que no hará el ejecutivo autonómico, al menos por ahora, es romper el convenio que el propio Rueda firmó en el año 2016 con el ahora presidente de la compañía, Ignacio de Colmenares.
Este pacto ambiental incluía, entre otras compensaciones por la continuidad de Ence en Lourizán hasta 2073, la convocatoria anual de estas ayudas, de las que nada se sabe desde 2019.
"O que interesa é que se reactive, non que se rompa o acordo", ha sentenciado Alfonso Rueda.