"Caos" y una "agresión programada y continuada al derecho a la salud", así resumen cinco sindicatos de la Junta de Personal del área sanitaria Pontevedra-Salnés la situación actual tanto en los PACs, centros de salud y hospitalarios.
En esta tesitura exigen el cese inmediato de todo el equipo directivo; una negociación con el presidente de la Xunta - o la persona en quien delegue -; un plan funcional de choque y emergencia dotado con los recursos materiales, humanos y económicos que se precisan; que el Sergas informe a la población de la situación, comunicando las medidas correctivas a tomar; apertura inmediata de todas las camas hospitalarias cerradas y una denuncia - también inmediata - del contrato de ambulancias, convocando un nuevo concurso público.
Portavoces de los sindicatos CESM, PROSAGAP, CO.BAS, OMEGA y STP (mayoría en la Junta de Personal) han descrito el panorama sanitario actual en los PACs, Atención Primaria, Urgencias, hospitales y traslados en ambulancia. En los dos primeros denuncian la falta de facultativos, estando por debajo de los mínimos fijados en los planes funcionales y que ha conllevado el cierre funcional de algunos centros y la sobrecarga a los servicios de Urgencias. A esto suman la multiplicación de la población por el añadido turístico estival.
En lo que refiere a Urgencias contabilizaron hasta 45 pacientes en los pasillos a la espera de cama, tiempos de espera superiores a 72 horas, o pacientes compartiendo espacios con personas afectadas por Covid. Y una "pésima gestión del servicio de ambulancias" con esperas de más de 24 horas para traslados a hospital.
Una semana de plazo
Anuncian una serie de acciones a comenzar en el plazo de una semana si Alfonso Rueda, o la persona delegada, no contacta con ellos para negociar y tomar acuerdos que se harán públicos. En caso contrario contemplan una huelga de los profesionales sanitarios, concentraciones, encierros, paros intermitentes y manifestaciones en la calle. Pedirán el apoyo de los alcaldes para que lleven a sus plenos la situación sanitaria, así como de plataformas y asociaciones vecinales, de pacientes y enfermos crónicos. De igual forma contemplan recurrir a Fiscalía, Valedora do Pobo, Inspección de Trabajo "y cuantas entidades sean competentes en este conflicto".
De otra parte, avanzaron que "no se puede permitir que se tome una sola de las medidas propuestas por la administración en la mesa sectorial", celebraba ayer, porque consideran que "reprimen los derechos de los trabajadores y son medidas de castigo", ya que posibilita su desplazamiento a cualquier punto del área sanitaria y permite revocar vacaciones concedidas.