La Audiencia retoma el juicio por trata de mujeres contra los dueños de un club de Meis
Por Oskar Viéitez
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra intentará retomar este martes el juicio contra los dueños de un club de Meis. La vista oral fuera suspendida en febrero ante la falta de una testigo de cargo. Están acusados de trata de seres humanos, por obligar a varias mujeres a prostituirse en su establecimiento.
La Fiscalía y la acusación particular solicitaron la suspensión ya que no había sido posible localizar a esta mujer, ni tampoco tenía conocimiento de dónde se encontraba esta testigo fundamental para la causa. La vista oral no pudo comenzar.
La Fiscalía solicita una condena de 23 años de cárcel para el administrador de la sociedad que explotaba el club Pigalle, situado en Meis, un hombre de nacionalidad brasileña; y 22 años de cárcel para la mujer de origen rumana que, en 2018, lo dirigía junto a él.
A ambos, se les acusa de tres delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, un delito de favorecimiento de la inmigración clandestina con ánimo de lucro y tres delitos de prostitución coactiva. A él, además, se le achaca un delito de agresión sexual.
En el escrito de acusación, la fiscal asegura que los dos acusados, de acuerdo con varias personas que residían en Venezuela, captaban mujeres de ese país y, aprovechándose de sus problemas económicos, las hacían viajar a España para ejercer la prostitución en el club.
Así, entre marzo y abril de 2018, contactaron con tres mujeres, todas ellas con cargas familiares y problemas económicos, a las que -salvo a una- les ocultaron que iban a ser explotadas como prostitutas, haciéndolas creer que serían contratadas como camareras.
Pero una vez en el club, las tres fueron sometidas a un verdadero régimen de esclavitud, obligándolas además a asumir el coste de sus viajes a España. Todo el dinero que ganaban, hasta saldar esa deuda, se lo quedaban los responsables del club.
Además, según reitera el fiscal, les obligaban a trabajar jornadas de hasta doce horas, sin apenas días de descanso, y les cobraban a mayores dinero en concepto de manutención y alojamiento o les ponían "multas" si no trabajaban por enfermedad o salían del local.
Las tres mujeres, una de ellas con 18 años recién cumplidos, padecieron también reiteradas amenazas para que no se marcharan del club y, al menos una de las tres, sufrió un intento de violación por parte del administrador del establecimiento.
Agentes de la Guardia Civil liberaron a las tres víctimas en julio de 2018 tras una inspección realizada en el club. El fiscal reclama una indemnización de más de 33.000 euros para ellas.
Junto con la pena de cárcel y estas indemnizaciones, la Fiscalía solicita al tribunal que se les impongan órdenes de alejamiento a los dos acusados y que, tras su salida de prisión, pasen otros quince años en libertad vigilada.
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