Transcurrido un año desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Tasas, un centenar de personas se concentró a mediodía de este miércoles para manifestar su rechazo a una norma de la que aseguran que ha impuesto todo tipo de barreras en el acceso a la Justicia. Entre ellos había muchos trabajadores del mundo judicial
Abogados, procuradores, representantes de sindicatos y políticos del BNG y el PSdeG-PSOE como el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y los concejales Vicente García Legísima, Anxos Riveiro y Agustín Fernández secundaron la concentración convocada por el Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra a las puertas de la Audiencia Provincial y de los once juzgados del ámbito territorial del colegio capitalino que administra una población de 600.000 personas.
"Un año después podemos decir que se han confirmado los peores augurios sobre la aplicación de la Ley de Tasas", dijo el decano de los letrados pontevedreses, Ramón Jáudenes, para presentar la protesta.
El decano de los abogados pontevedreses, explicó que la ley ha privado a muchos miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva, "ha materializado una injusta barrera para el acceso a la Justicia".
Con motivo de esta protesta, el Consejo General de la Abogacía ha aprobado un manifiesto que sostiene que "nuestros jueces y magistrados han sido privados del conocimiento de miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos. El imprescindible conocimiento de la realidad social ha sido hurtado a los juzgados y tribunales".
Los letrados aseguran que la Ley de Tasas "no ha penalizado el mal uso y abuso de la Justicia", ya que las empresa y los ciudadanos "de holgada situación económica" no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho.
Por el contrario aseguran que "no se ha dado solución a los problemas de concesión de la justicia gratuíta" y se ha favorecido el "abuso de impunidad" de las Administraciones Públicas, exentas del pago de tasas.
Este "efecto disuasorio" para los ciudadanos ha sido reconocido por el propio Ministerio de Justicia que situó la reducción de asuntos en un 24 por ciento desde que entraron en vigor las tasas "son 250.000 ciudadanos en toda España, los que se han quedado sin pedir justicia".
"La nueva ley ha materializado una injusta barrera para el acceso a la Justicia"
En cuanto a la recaudación según datos ofrecidos por el Ministerio hasta septiembre ha sido 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos para todo el año "desconociéndose el destino de esta recaudación".
Ramón Jáudenes señaló que las esperanzas de la Abogacía estan puestas en el Tribunal Constitucional que ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sobre la Ley de Tasas Judiciales, según publicó este pasado lunes el Boletín Oficial del Estado. "El Tribunal Constitucional debería agilizar su respuesta ante el grave daño que están sufriendo los ciudadanos y la denegación del Estado de Derecho".
Finalmente el manifiesto de los letrados demuestra su disposición a la negociación y al diálogo "y nuestro rechazo a un modelo de de justicia impuesta y no negociada". Por eso señalan como de "vital importancia", que el Ejecutivo sea capaz de generar un amplio Pacto de Estado en el que participen todos los sectores implicados "con la finalidad de crear una nueva Administración de Justicia".