La Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional dan finalmente por cerrada la denominada operación 'Munari–Cundinamarca-Tulipán', en la que se desarticuló una organización criminal dedicada a la fabricación de embarcaciones de alta velocidad, 'narcolanchas' que luego utilizaban para el narcotráfico.
Tal y como han informado este martes, se da por desarticulada esta organización con la detención final de 22 personas en toda España, de los que ocho ingresaron en prisión.
La red estaba dedicada a la fabricación y posterior puesta a punto de embarcaciones de alta velocidad que luego se usaban para la introducción de grandes cantidades de sustancias estupefacientes, vía marítima. Aunque estaba asentada en la provincia de Pontevedra y tenía su principal centro de operaciones en Cambados, contaba con infraestructura en otras provincias, como A Coruña, Salamanca, Madrid y Barcelona, así como en Portugal.
Los tres cuerpos de seguridad realizaron 27 registros en domicilios y ubicaciones de seguridad empleadas por los investigados en Pontevedra, A Coruña, Madrid, Salamanca, Barcelona y las localidades de Viana do Castelo y Valença do Miño, en el norte de Portugal.
Las investigaciones realizadas permitieron identificar y estructurar las funciones de los miembros de la organización criminal y determinar cómo fabricaban estas embarcaciones de alta velocidad, que son consideradas de género prohibido, en distintos lugares de la provincia. Luego, las terminaban en zonas de Portugal y las dotaban del equipo necesario para su uso.
En la organización había miembros con una alta especialización para la fabricación, custodia y finalización de estas embarcaciones y, una vez realizada la puesta a punto, las botaban en distintos puntos de la geografía nacional. Su destino final era el transporte de estupefacientes en la zona sur de España.
Además de detener a 22 personas, los investigadores intervinieron más de 20 embarcaciones de alta velocidad, seis de ellas ya preparadas para ser botadas de forma inminente y empleadas para realizar importantes transportes de estupefacientes.
La operación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cambados y el fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, contó con la participación de EUROJUST y el apoyo de un gran número de unidades policiales, entre las que destacan la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, el GRS número siete de Pontevedra, la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Medios Técnicos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Galicia, el Servicio de Helicópteros de la Guardia Civil y el Servicio de Medios Aéreos de la Policía Nacional.
La lideraron el Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia de la Agencia Tributaria, el EDOA de la Guardia Civil de Pontevedra, ECO Galicia de la Guardia Civil y GRECO Galicia de la Policía Nacional. Además, participó la Policía Judiciaria de Portugal.