La obras para la construcción de la nueva planta de transferencia de residuos de A Lama, un proyecto que impulsa Sogama, avanzan al ritmo esperado. La previsión es que esta futura instalación ambiental pueda entrar en funcionamiento en el último trimestre de este año.
Esta planta, que contará con una capacidad de tratamiento para más de 5.000 toneladas anuales, está siendo levantada en el polígono industrial de Racelo, en una parcela de 2.300 metros cuadrados. Será servicio a A Lama, Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes y Ponte Caldelas.
La nave contará con un compactador fijo, una báscula, un sistema de traslación de contenedores, un aparcamiento de contenedores y una depuradora de aguas residuales. Asimismo, se autoabastecerá de energía con paneles solares, fomentando de este modo las energías renovables.
La nueva infraestructura, cuya obra fue adjudicada por un importe superior a 1,1 millones de euros, permitirá transferir, además de la bolsa negra y de la bolsa amarilla, la materia orgánica recogida de forma diferenciada a través del contenedor marrón.
Los trabajos de construcción de la planta fueron supervisados este lunes por el presidente de Sogama, Javier Domínguez, y el alcalde de A Lama, Jorge Canda.
La planta de A Lama se integrará en la red de infraestructuras promovida por la Xunta de Galicia para ayudar a los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias en la gestión de los residuos urbanos, a cumplir con las obligaciones legales que en esta materia imponen las autoridades europeas.
Esta red, con una inversión de cerca de 40 millones de euros, estará conformada por cuatro plantas de biorresiduos -una de ellas ya en funcionamiento, la de Cerceda, y tres más, cuyas obras están licitadas, que se construirán en Cervo, Vilanova de Arousa y Verín-.
Además, la red se completa con trece plantas de transferencia a las que se dotará de una tolva específica para el trasvase de la materia orgánica y su posterior transporte a la planta de biorresiduos más próxima.
De esta forma, se pretende garantizar que la mayor parte de los ayuntamientos gallegos tengan una planta de gestión de biorresiduos o de transferencia a menos de 50 kilómetros de distancia.