APDR califica de "burla" el acuerdo entre Xunta y ELNOSA y estudia demandar a Agustín Hernández por prevaricación
Por Redacción
La Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) no se fía del acuerdo firmado entre la Xunta de Galicia y los directivos de Elnosa para que la empresa abandone Lourizán en el año 2017. Para este colectivo, este pacto supone "una burla a la ciudadanía de la comarca" y para los sectores que viven de la explotación de los recursos marisqueros y pesqueros, "que verán como la electroquímica seguirá vertiendo mercurio en las aguas de la Ría por lo menos por tres años más".
Con esta decisión, entiende APDR, el Partido Popular deja claro que, "lejos de cumplir su promesa de poner fecha de salida a Elnosa, se ha sometido a los intereses de sus directivos" y denuncia que quien dicta la política medioambiental de la Xunta en lo referente al saneamiento y recuperación de la Ría de Pontevedra "son precisamente las direcciones de Ence y Elnosa".
"Desconocemos si el PP ha recibido algún beneficio de la empresa Elnosa, pero desde luego no nos parece que esta decisión pueda haberse dado de forma gratuita", asegura el colectivo presidido por Antón Masa en un comunicado. Creen que este acuerdo demuestra "un nueva caso de corrupción en un partido en el que, cada vez más, estos comportamientos parecen ser la norma frente a la excepción de los comportamientos honorables y acordes con la Ley".
De ahí que califiquen esta situación como "un clamoroso caso de corrupción ambiental", ya que afirman de cualquiera otra manera "no se puede entender que una empresa que fue condenada por delito ecológico junto a Ence, que no hizo nada por cambiar una tecnología hoy en día prohibida en la Unión Europea, que consiguió su autorización ambiental sin el preceptivo informe favorable del Concello de Pontevedra y que sigue contaminando la Ría de forma grave, pueda continuar por más tiempo en su actual emplazamiento".
APDR ve más allá al señalar que esta decisión podría suponer también la comisión de un presunto delito de prevaricación por parte del conselleiro de Medio Ambiente al denunciar que un acuerdo con una empresa "no puede tirar por tierra" una decisión firme como la establecida por la Xunta de Galicia en la autorización ambiental de Elnosa, que fijaba, con carácter irrevocable, el día 7 de enero del 2014 como la fecha en la que tenía que cesar en su actividad industrial, "una decisión que no respondía a un capricho del gobierno gallego sino a una exixencia de la UE".
En este sentido, la asociación ecologista adelanta que está estudiando la posibilidad de denunciar por la vía penal al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, y asegura que tomarán todas aquellas decisiones que, por la vía judicial o por la de la movilización social, "puedan impedir esta nueva agresión al medio ambiente, a los recursos naturales y a la salud y la calidad de vida de la población de la comarca".