El Colegio de Médicos de la provincia de Pontevedra ha presentado una demanda por la vía penal, que ya ha sido admitida a trámite, contra los dirigentes de las áreas sanitarias de Pontevedra y Vigo. La razón que ha llevado a los profesionales a acudir a los tribunales es la inacción de los dirigentes ante las repetidas quejas de los facultativos por la sobrecarga de la Atención Primaria y diversos servicios hospitalarios.

"Desde diversas instancias, nuestros colegiados acudieron repetidamente a las autoridades sanitarias y colegiales exponiendo razonadamente los motivos de diversas quejas, así como las circunstancias de la sobrecarga profesional a las que se veían sometidos y que, no solamente representaba un riesgo personal para el médico de caer enfermo por el sobresfuerzo permanente, sino para los propios pacientes, a cuya atención no podía dedicar el tiempo necesario ni la reflexión diagnóstica precisa. Todo esto les priva de una asistencia que, en muchos casos, podría ser decisiva para evitar riesgos de gravedad" recoge el comunicado emitido por el Colegio para explicar las razones de esta decisión. 

Recalcan desde el colectivo que "estas circunstancias se pusieron en conocimiento de las diferentes autoridades sanitarias pero lamentablemente la Administración continúa con un ominoso silencio y no se adoptan medidas mínimamente eficaces para siquiera paliar las disfunciones más groseras". Unos defectos que con el estallido de la pandemia de la covid-19 se han visto agravados.

Alegan además que solo la inacción administrativa denunciada o la irregular exigencia de sobreesfuerzos profesionales a los médicos podrían constituir ilícitos penales. "A todo ello se suma los perjuicios o lesiones que puedan sufrir los propios pacientes que, con independencia de lo anterior, podría dar lugar también a denuncias", añaden.

Quieren destacar desde el Colegio de Médicos de Pontevedra "la exigencia deontológica de intentar lo mejor para la salud de los pacientes", pero ese alto grado de profesionalidad de los sanitarios "no puede incubrir ni amparar la desidia administrativa en revertir una situación de abandono ni el hecho de que ello tenga implicaciones delictivas", rematan. 

Con esta iniciativa, el colectivo de médicos pretende "que se depuren responsabilidades de los perjuicios que pudieran tener los colegiados y, sobre todo, nuestros pacientes".