El Gobierno ha reaccionado a la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga de ENCE para ocupar terrenos de dominio público en Lourizán asegurando que "las sentencias han de cumplirse".
Así lo han reconocido fuentes del Ministerio de Transición Ecológica apelando a que se inicie un "diálogo constructivo" entre todas las partes implicadas.
Según el Gobierno del Estado, a la espera de que se presenten posibles recursos, la sentencia de la Audiencia Nacional deja claro que la empresa "no necesita seguir en Dominio Público Marítimo Terrestre para su funcionamiento normal", añadiendo que "esa ubicación es completamente anómala y contraria a la legislación vigente" sin que exista otra fábrica de celulosa en España ocupando terrenos públicos.
Por todo ello desde el Ministerio creen que pensar en una nueva prórroga no tiene sentido, como "no lo tenía la que concedió en enero de 2016 el gobierno del señor Rajoy", indican.
En cuanto al papel de la Xunta de Galicia como administración competente en la gestión del territorio "puede y debe ser capaz de proponer alternativas para un posible traslado", defienden las mismas fuentes.
Llegados a este punto y tras un tiempo para analizar los pormenores jurídicos de la sentencia "estamos todos obligados a acordar la mejor estrategia para ejecutar la sentencia", señalan desde Transición Ecológica con el objetivo, aseguran de "evitar los posibles daños que sobre los trabajadores pueda tener".