Un millar de personas secundaron este domingo a marcha anual de la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra contra Ence, que el año pasado se suspendió por mor de la pandemia de la covid-19 y este año optó por una convocatoria en la que primó la distancia social y el uso de máscara. En este regreso de la convocatoria anual, la acción reivindicativa tuvo la mirada dirigida a la Audiencia Nacional, que tiene pendiente tomar una decisión sobre la legalidad de la prórroga concedida la empresa por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy en 2016.
"Á espera da decisión da Audiencia Nacional, esiximos que se faga cumprir a lei, se anule definitivamente a prórroga de 60 anos concedida ilegalmente a Ence no 2016 e consecuentemente que se decrete o fin da súa actividade da ría, obrigándolle -como esixe a lexislación- a devolver a zona ocupada á situación que tiña á chegada a Lourizán". Esta fue la petición de los manifestantes, a los que puso voz la secretaria de la APDR, Antía Mariño, delante de la factoría de Lourizán.
La marcha partió pasadas las 12.30 horas de manera simultánea de las alamedas de Pontevedra y Marín, siendo, como es habitual, más numerosa la columna de manifestantes pontevedreses. A pesar de la importancia de la convocatoria de este año, con el futuro de Ence a punto de decidirse en los tribunales, tuvo una asistencia similar a la de años anteriores. El presidente de la asociación convocante, Antón Masa, interpreta que este año la sociedad en general "está desmobilizada" y es algo que se nota "en todas as mobilizacións que se están a facer".
En todo caso, antes de las salida de la marcha desde la Alameda de Pontevedra restó importancia al número de asistentes e insistió en que a la APDR "preocúpanos menos o número de persoas que se poidan mover hoxe ata Lourizán que o feito de que unha vez máis a nosa xente sinta a necesidade de irse ata Lourizán".
La convocatoria contó con amplio apoyo político, en especial, desde las filas del BNG, con la presencia de los alcaldes de Pontevedra y Poio, Miguel Anxo Fernández Lores y Luciano Sobral; los diputados autonómicos Luis Bará y Manu Lourenzo; o concejales pontevedreses como Anabel Gulías, Alberto Oubiña, Demetrio Gómez Xunqueira y Carme da Silva. También acudieron el líder de Galicia en Común, Antón Gómez Reino; y el portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez.
Las dos columnas coincidieron delante de la factoría mientras en el interior un grupo de trabajadores de la empresa también sacó su pancarta en la defensa de la permanencia de la factoría en la Ría de Pontevedra y de sus puestos de trabajo.
En el exterior, la marcha contó con el ritmo habitual y estuvo animada por un grupo de gaiteros que tan sólo pararon el ritmo para dar paso a la lectura del manifiesto reivindicativo en el que la asociación hizo un repaso por la historia de Ence a Lourizán y la oposición social que ya tuvo hace 60 años por parte de las mariscadoras de Lourizán y Campelo.
El manifiesto explicó que estaban ante la "contaminante e ilegal empresa" para reivindicar con su lucha una ría limpia, sin contaminación y en la que el trabajo derivado de la explotación racional de recursos marisqueros y pesqueros sea de nuevo la fuente de riqueza y trabajo que hace tiempo fue. Añadió que se manifestaron para reivindicar también unos montes diversificados nos sus usos y quien de producir mayor valor añadido y mayor número de puestos de trabajo, unos montes en los que el eucalipto deje paso la otras especies de mayor interés social, ambiental y económico, y la otras actividades no forestales.
La APDR denuncia qué Ence, "co apoio submiso do PP e a Xunta de Galicia" exige la permanencia en la Ría hasta el 2073 "opoñéndose á lexislación vixente e exercendo presión sobre os maxistrados da Audiencia Nacional que teñen que dirimir esta cuestión". Ante esta situación, avisan de que denunciarán "as veces que faga falta" y lucharán "sen descanso" para impedir la continuidad de Ence en Lourizán.
El manifiesto recordó también que la "vergoñenta e ilegal prórroga de 60 anos", está recurrida ante de la Audiencia Nacional por la APDR, por el Concello de Pontevedra y por Greenpeace "por considerala contraria á lei, pero tamén á lóxica, xa que, na práctica, supón a privatización dos terreos de dominio público que son propiedade de todas e todos nós".
Antón Masa reiteró su oposición a que "unha actividade que pola súa natureza non pode estar en dominio público poida seguir roubando aquilo que é de todas e todos nós" e insistió en que van a presentar recurso ante cualquier decisión de la Audiencia Nacional que no suponga la caducidad de la concesión en 2018.