La Fiscalía Provincial de Pontevedra interpuso este viernes recurso de casación ante el Tribunal Supremo pidiendo que la empresa Audasa sea condenada, al entender que cobró los peajes de la AP-9 de manera abusiva durante las obras de ampliación del puente de Rande, entre febrero de 2015 y junio de 2018.
La Fiscalía sale al paso de la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que estimó el recurso de Autopistas del Atlántico, revocando la sentencia del Juzgado del Mercantil 1 de esta misma capital, que condenaba a la concesionaria de la AP-9 a indemnizar a los perjudicados por un total de 81 incidencias que se produjeron durante las obras, que se registraron durante los tres años que duraron los trabajos.
En un comunicado la Fiscalía Provincial explica que en su recurso solicita que la Sala del Civil del Tribunal Supremo, por interés casacional, anule la sentencia recurrida de la Audiencia de Pontevedra, "dejándola sin efecto y dicte otra en el sentido propuesto en la demanda original".
El pasado 19 de abril la sección primera de la Audiencia de Pontevedra estimó el recurso de apelación interpuesto por Audasa al entender que las concesionarias de autopistas no tienen que rebajar el precio de sus peajes si no pueden garantizar una fluidez en el tráfico propia de las vías de alta capacidad.
El tribunal provincial concluyó que no pueden incluirse en el concepto de "prácticas abusivas" las incidencias relacionadas con el cumplimiento del contrato de uso de la autopista, y considera que no existe una relación directa entre el pago del peaje y las condiciones en las que se presta el servicio.