La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra será la encargada de revisar los recursos presentados por las ocho personas condenadas en la causa judicial abierta por las irregularidades en la obra del campo de fútbol de Moraña, entre las que se encuentran la exalcaldesa de la localidad y exdelegada de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Luisa Piñeiro -dimitió tras conocerse la condena-; y el expresidente de la Deputación Provincial del PP y actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán.
El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra condenó a los ocho por su implicación en la trama y todos ellos presentaron recurso pidiendo su absolución. La Fiscalía Provincial ya respondió a todos esos recursos interesado que se confirme la sentencia y, por lo tanto, la condena, y toda la documentación ha empezado ya a llegar a la Audiencia Provincial.
Por reparto, serán los magistrados de la sección segunda de la Audiencia los que deberán ahora revisar su contenido, según han confirmado fuentes judiciales a este periódico. Tienen un arduo trabajo por delante, pues se trata de escritos de gran complejidad que suman entre todos cientos de páginas.
Los condenados son, además de Rafael Louzán y Luisa Piñeiro; el responsable de la empresa Eiriña, Enrique Alonso Pais; su mano derecha, Jaime Alvariñas; el entonces director de infraestructuras de la Deputación, Manuel González Juanatey; el administrador de la empresa canalizaciones y Construcciones Salnés SL, D.G.F.; el administrador de Construcciones Enrique Casas, M.R.O; y, un arquitecto, D.A.L.O.
La sentencia ahora recurrida condena a Louzán como autor de un delito de prevaricación, en concurso con un delito de fraude, a dos años de prisión y ocho años de inhabilitación para cualquier empleo o cargo público. La misma pena tienen Piñeiro y Manuel González Juanatey, si bien en su caso como cooperadores necesarios del delito de prevaricación y autores de un delito de fraude.
También dos años de prisión deberán cumplir el administrador y un empleado de Eiriña y el arquitecto que firmó el proyecto. En su caso, quedan inhabilitados para obtener subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años. Los otros acusados tendrán una condena menor, un año de prisión y a dos años de inhabilitación para obtener ayudas públicas. Se trata de uno de los dueños de las dos constructoras que accedieron a participar en el procedimiento negociado sin publicidad sabiendo que se trataba "de un mero trámite" para adjudicar la obra a una determinada empresa.
La jueza del Penal, Julia Monteagudo Limeres,considera probado que la Diputación presidida por Louzán concedió una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas con anterioridad. La institución adjudicó la obra para instalar hierba artificial en el campo en 2011 a la constructora Eiriña y, debido a una certificación, la actuación aumentó su coste en 86.816 euros. Al tratarse de una obra ejecutada con subvención, la legislación impedía rebasar el importe subvencionado, por lo que "se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa el importe que reclamaba".
La sentencia concluye que, una vez denegada la posibilidad de aumentar el coste de las obras iniciales, "se buscaron alternativas para pagar esa certificación, creándose el proyecto de mejora en vestuarios y graderío del campo de fútbol", y que fue una decisión ideada en 2013 de común acuerdo por el presidente de la Diputación, el director de Infraestructuras, el administrador de la empresa, la alcaldesa de Moraña y un arquitecto.
El resultado fue que adjudicaron de forma irregular otra obra a la misma constructora por ese mismo importe. El nuevo proyecto contemplaba las mejoras en el vestuario y las gradas del campo de fútbol, a pesar de que parte de ellas ya habían sido realizadas.
Según la jueza, Louzán "sabía de primera mano", por haber visitado el campo con motivo del anterior proyecto, que la mayoría de las obras para las que aprobó una nueva subvención ya estaban ejecutadas, de modo que su conducta "evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad, sabiendo que la subvención que concede es claramente arbitraria y contraria a derecho".
La ex alcaldesa también pidió la subvención "a sabiendas de que las obras para las que la solicitaba, al menos la mayor parte, ya estaban ejecutadas" y el director de infraestructuras fue la persona que, según la jueza, "buscó el encaje de la operación, indicando incluso a qué arquitecto como firmante del proyecto debían acudir".