La nueva Ley del Cambio climático que se está tramitando en el Congreso, que limitará la duración de las concesiones en el dominio marítimo terrestre, podría suponer la marcha de Ence de Pontevedra. Para mostrar su rechazo, sindicatos como Comisiones Obreras ya han iniciado una serie de protestas en la calle. Sin embargo, desde el Comité de Empresa, órgano que representa al colectivo de trabajadores de la fábrica y dirigido ahora por la CIG, prefieren ser cautos y esperar a conocer la versión de los legisladores antes de adoptar otras medidas de presión.
"Primero queremos agotar la vía política y luego ya estudiaremos qué acciones tomar. No queremos cargar contra nadie ni cerrar ninguna puerta antes de escuchar sus versiones", explica el presidente del comité, Toño Lafuente.
Aunque la norma todavía no está aprobada, los trabajadores de la factoría de Lourizán no están de brazos cruzados. En las últimas jornadas se han reunido con representantes de los grupos del PSOE, BNG y PP en el Parlamento de Galicia. Y las lecturas que realizan unos y otros de la futura ley son contrarias.
Por un lado, nacionalistas y populares consideran que la aplicación del artículo 18.4, el referido a la duración de las concesiones, será de efecto retroactivo por lo que podría obligar al cierre de la planta como máximo en 2033. Por el otro, los socialistas están seguros de que la norma no podrá modificar las prórrogas ya aprobadas. Una postura que comparten también los servicios jurídicos consultados por el Comité.
Con el objetivo de conseguir una información más clara acerca del contenido de la futura ley, desde el comité ya han cursado de manera formal una petición de entrevista con dirigentes de los ministerios de Transición Ecológica e Industria. De lo hablaado en esas reuniones, que todavía no tienen fecha, dependerá las futuras acciones a adoptar por el grueso de la plantilla.
No obstante, todas estas gestiones quedarán supeditadas a la sentencia judicial sobre la legalidad o no de la prórroga de 75 años concedida por el Gobierno en funciones de Rajoy. Un fallo desfavorable para los intereses de la empresa y los trabajadores supondría el inminente desmantelamiento de la fábrica.