Colectivos de defensa de los presos denuncian recortes de los derechos de los internos en A Lama debido a la covid
Por Redacción
Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, ha comunicado en los últimos días nuevas recomendaciones a las direcciones de los centros penitenciarios con motivo de los protocolos para evitar contagios entre la población reclusa y el personal laboral.
Entre estas medidas se encuentra la suspensión, al menos durante 15 días de las comunicaciones y permisos de salida. A esta decisión se suma la suspensión temporal de los traslados no sanitarios, judiciales o los que sean imprescindibles. También propone aplazar o suspender los permisos de salida y la suspensión de la entrada del personal de ONGs para realización de actividades en el centro.
Entre otras cuestiones, se recomienda la interrupción de las salidas programadas y de las salidas regulares al exterior para internos de segundo grado.
Ante estas recomendaciones a los máximos responsables de los centros sanitarios, los colectivos Abaixo os muros! e Ceivar de defensa de las personas internas en las prisiones entienden que se están vulnerando los derechos de la población reclusa, en concreto, en el Centro Penitenciario de A Lama.
Solicitan la restitución de los 'vis a vis' para garantizar la salud de las personas presas y de sus familias. Piden medidas compensatorias, por todos los meses que llevan privadas desde derecho sin recibir información específica del porqué de esta medida.
En esta misma línea, estos colectivos exigen explicaciones a la dirección del Centro Penitenciario de A Lama ante lo que consideran "faltas de responsabilidad colectiva al carecer de personal médico, medida que suplen con el traslado al servicio de Urgencias del Hospital, aunque a las personas presas se les niega esta medida de forma sistemática, poniendo en peligro su salud".
Según entienden estas asociaciones, los centros penitenciarios utilizan la situación derivada por la covid para recortar derechos al personal interno. Estas familias denunciantes afirman que quieren mantener el anonimato porque, con cada hecho denunciado, reciben represalias que afectan "tanto a las personas internas como a ellas mismas, cuando acuden a realizar visitas o a solicitar otros trámites".
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