Carlos Font, diputado de Régimen Interior, Economía y Hacienda en la Deputación Provincial de Pontevedra, se mostraba contundente este viernes dirigiendo sus acusaciones al secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras en la Deputación y secretario comarcal de este sindicato José Ramón Piñeiro Piñeiro.
El representante del gobierno provincial mostraba su malestar por la nueva protesta organizada por este sindicato a las puertas del Pazo Provincial durante el pleno en el que se debatían los presupuestos para el 2021.
Carlos Font dirigía estas palabras al dirigente sindical: "A José Piñeiro solo le vamos a decir dos cosas: no vamos a permitir más mentiras, más montajes y más difamaciones. Estamos hartos de sus mentiras. Comprendemos que lleve cinco años enfadado porque ya no puede hacer lo que le venía en gana por la puerta de atrás, pero que no nos obligue a sacar listados, con nombres y apellidos, que demuestren lo que hacía. Que no nos obligue", concluyó el diputado.
José Ramón Piñeiro encabezaba, por su parte, la protesta en la avenida de Montero Ríos criticando desigualdades y discriminación entre el personal de la Deputación de Pontevedra acusando al gobierno provincial de establecer salarios con diferencias de entre 300 y 1.000 euros para trabajadores que ejercen las mismas funciones. Indica que desde CC.OO. no pueden consentir que los trabajadores laborales eventuales y los funcionarios interinos cobren menos que los laborales fijos y sin derecho a las ayudas sociales.
Denuncia también que hay empleados que no cobran por las labores que realizan o que se crean plazas innecesarias, duplicando el gasto y "que responden a intereses de partido e de amistade".
El secretario comarcal de CC.OO. acusa al gobierno que lidera Carmela Silva de ignorar a los trabajadores y pensar solo en intereses personales y de partido, incumpliendo los acuerdos de las Mesas de Negociación sobre catálogo de puestos, carrera profesional y acuerdo regulador-convenio colectivo.
Piñeiro afirma que el gobierno bipartito está creando "una administración paralela, impidiendo un derecho de los trabajadores a progresar en sus puestos de trabajo a través de la carrera profesional". Señala que se amortizan plazas de jefe de servicio y, en su lugar, "se crean puestos de personal directivo, con perfil político y no técnico" y convierten a estos trabajadores "en comisarios políticos, de esta manera el trabajador es maleable y servil para favorecer la discrecionalidad política".