Aplazan un juicio con jurado contra un policía acusado de cohecho por sospechas de un caso de covid-19
Por Natalia Puga
Creada y actualizada
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La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra se vio obligada a suspender este martes un juicio con jurado en el que se preveía juzgar a un policía local de Vilagarcía de Arousa acusado de haber cobrado 2.000 euros a un conductor que había dado positivo por alcoholemia a cambio de no tramitar el atestado.
Los síntomas compatibles con la covid-19 de uno de los abogados obligaron a este aplazamiento, toda vez que el letrado empezó a tener síntomas y alertó a la Audiencia para comunicar que había realizado una prueba PCR y estaba a la espera de saber el resultado.
La vista oral se aplazó en un principio hasta este miércoles, a la espera de que se conociesen los resultados de la prueba y si era necesario que este letrado hiciese cuarentena o aislamiento por la enfermedad o sus síntomas. Finalmente, a última hora de la tarde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó que el juicio se aplaza para lo 30 de noviembre. No trascendió el resultado de la prueba PCR por una cuestión de protección de datos personales del abogado afectado.
El juicio no llegó a empezar ni tampoco se constituyó el jurado popular, sino que simplemente se realizó una pequeña audiencia en la que el tribunal comunicó la situación. Este miércoles, en principio, la jornada comenzará con esa selección de los miembros del tribunal popular que deberá juzgar el caso.
La Fiscalía acusa al citado policía local de un delito de cohecho y pide que seas condenado a cuatro años y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación. Además, solicita que se le imponga una multa de 8.100 euros (15 euros diarios durante 18 meses).
Los hechos parten de un control realizado en la madrugada del 12 de septiembre de 2013 en el que el conductor arrojó un resultado positivo de 0,83 y 0,81 mg/l por aire espirado, tres veces más del límite legal permitido.
A los diez días de ese positivo, según relata el fiscal, el acusado acudió al domicilio del conductor y le ofreció no tramitar el expediente por el delito contra la seguridad vial, por conducir bajo los efectos del alcohol, a cambio de 5.000 euros. Ambos fijaron una cita para el pago, pero, llegado el día, el conductor le explicó al policía que solo podía entregarle 2.000 euros, por lo que éste le dijo que no había acuerdo y se marchó.
Siempre según el escrito de la Fiscalía, poco después, el acusado llamó por teléfono al conductor que había dado positivo por alcoholemia y le dijo que finalmente aceptaba esa cantidad, dinero que según recoge el escrito de acusación fue entregado para que el caso no llegara a los tribunales. De hecho, la Fiscalía asegura que ese atestado policial no fue tramitado. El agente sí fue denunciado una semana más tarde ante la Policía Nacional.
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