El Colegio de Procuradores de Pontevedra ha creado un protocolo de sustitución, que según destaca el organismo es "pionero" en Galicia, para que un procurador con covid-19 o que esté en cuarentena pueda ser cubierto por otro compañero.

El ente colegial explica que con la legislación vigente un procurador de baja médica no puede solicitar, entre otros trámites, la suspensión de señalamientos, la interrupción de plazos procesales o la paralización del envío de notificaciones judiciales físicas o electrónicas.

La creación de este servicio pretende cubrir el "vacío legal" existente en la profesión al permitir que los procuradores que lo necesiten puedan solicitar temporalmente que otro compañero intervenga por ellos, presente escritos o reciba sus notificaciones.

El decano del Colegio de Procuradores de Pontevedra, Gabriel Santos, recuerda que los procuradores son una "pieza clave" del engranaje judicial y que "previendo situaciones excepcionales a las que se puedan enfrentar protegemos también a toda la Justicia".

A través de este servicio, se protegen también los "derechos" de sus clientes, añade Gabriel Santos, evitando la "pérdida de oportunidades procesales" de los ciudadanos y que los procedimientos en marcha "puedan continuar con normalidad".

El protocolo de sustitución se comunicará a los juzgados solicitándoles que suspendan durante tres días hábiles los plazos y las notificaciones del procurador sustituido y poniendo en su conocimiento la situación de reemplazo.

A él se podrán acoger los más de 100 procuradores del colegio pontevedrés, que ejercen en los juzgados de Pontevedra, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, A Estrada, Lalín, Marín y Vilagarcía de Arousa.

Además de por positivo en covid-19 o cuarentena, este servicio podrá ser utilizando por los procuradores que ingresen en el hospital, tengan una baja laboral o por hospitalización o fallecimiento de familiares cercanos.

El decano pontevedrés destaca que este sistema está "fundamentado en la solidaridad profesional" y pide la colaboración de todos los operadores jurídicos para ponerlo en marcha.

"Queremos aportar soluciones desde nuestra profesión a un problema ya existente que se ha agravado a raíz de esta emergencia sanitaria", concluye el máximo responsable de los procuradores pontevedreses.