Las secciones sindicales de CIG y CCOO en la Deputación de Pontevedra denunciaron públicamente la "actitud" de la presidenta provincial, Carmela Silva, y del diputado de Régimen Interior, Carlos López Font, en relación con las actuaciones llevadas a cabo en la Ciudad Infantil Príncipe Felipe desde que el Gobierno decretó el estado de alarma por el coronavirus.
En su opinión, la presidenta "desatendió en todo momento" las peticiones realizadas por los trabajadores para que se les facilitaran los medios necesarios para la prevención del contagio del virus, pues no se le facilitaron ni mascarillas ni batas ni gafas. Incluso aseguran que intentó engañar a los trabajadores "dándoles máscaras realizadas con sábanas que habían sido ya usadas, lo que implicaba un riesgo superior a no utilizarlas".
Las centrales sindicales denuncian una "noticia falsa" de la presidenta, que difundió a los medios de comunicación que los protocolos de actuación para el caso de que algún menor sea positivo en la realización de un test se realizaron con la colaboración del personal educativo, "lo cual es una mentira". Esta situación genera "un tremendo malestar" entre los trabajadores del Príncipe Felipe puesto que se le atribuye al personal educativo funciones del personal sanitario y de recogida de residuos.
"Cualquier protocolo que se le exponga al personal si se quiere que funcione, y sea efectivo, tiene necesariamente que tener en cuenta que cada quien realice las funciones que le son propias y para las que está preparado y capacitado", indican los sindicatos.
CIG y CCOO hablan de "mala gestión" del estado de alarma y critican que la presidencia de la Deputación "no priorizó la protección del posible contagio del virus" a menores y trabajadores, sino que, "lo que hizo fue una utilización personal y partidista de los menores y del personal". Esta situación produjo un tremendo malestar en la mayoría de los trabajadores, que "se sintió manipulado y olvidado en un caso tan grave como este".
Entre otras cuestiones, piden a la presidencia que "deje de mentir" y que las promesas que haga se cumplan, que proteja realmente a los menores y al personal de posibles contagios, acercándole los medios de prevención homologados.