El juicio contra la empresa Audasa por el cobro de los peajes de la autopista AP-9 durante las obras de ampliación del puente de Rande comenzó este martes con una de cal y otra de arena para la Abogacía del Estado. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra le dio la razón al admitir a trámite que el Ministerio de Transportes esté personado en la causa, pero lo hizo evidenciando que con esta personación, de forma "indudable" el Gobierno estatal está defendiendo los intereses de la empresa Audasa frente a los de los afectados que denuncian cobros abusivos.
La Abogacía del Estado no se había manifestado en este procedimiento que se inició a finales de 2018 cuando la Fiscalía presentó una demanda colectiva contra la empresa concesionaria de la autopista AP-9, Audasa, por una práctica "abusiva" que le atribuye al haber cobrado el peaje del puente de Rande con la tarifa ordinaria durante el tiempo que duraron las obras de ampliación a pesar de que había restricciones permanentes de tráfico y por lo tanto el servicio era deficiente.
Transcurrido más de un año, y a tan solo unos días del inicio de este juicio, en enero pidió personarse. La petición recibió ya previamente el rechazo de la Fiscalía y de las partes demandantes que se sumaron a su acción colectiva, las asociaciones en Colectivo y Adicae y ocho afectados a título particular. Este martes, en el inicio del juicio, todos han rechazado de nuevo esa personación, pero el magistrado desoyó sus peticiones y confirmó que la Abogacía pasa a ser interviniente voluntario.
Los dos fiscales que llevan este procedimiento, Alejandro Tuero y Santiago Miguel, reprocharon, entre otras consideraciones, que el Estado no especificaba en su demanda si quería ser parte demandante o demandada, si bien, por el contenido de la misma, entienden que "lo hace en defensa de Audasa".
Valoraciones similares realizaron los abogados de las asociaciones En Colectivo y Adicae y de abogados demandantes y el magistrado, a la hora de admitir la personación, les dio la razón. Así, el juez Manuel Marquina Álvarez sostuvo que aunque no señalan expresamente si son demandante o demandado, teniendo en cuenta su escrito, "está claro" de forma "indudable" que la Abogacía del Estado no se está presentando en actitud de demandante si no "alineándose con la parte demandada".
"El Ministerio de Transporte está interviniendo en defensa de la parte demandada", señaló el juez, contradiciendo al propio Ministerio de Transportes, que, días atrás emitió un comunicando indicando que su personación no respondía a una posible defensa de Audasa, pues están "completamente de acuerdo en que se le exijan responsabilidades" en caso de que hubiera obrado incumpliendo la normativa o de sus obligaciones y es su obligación exigírsela.
El abogado del Estado, por su parte, justificó en la sala de vistas que se persona en esta causa porque la demanda de la Fiscalía, a su juicio, pide que "se modifiquen las circunstancias de la explotación de la AP-9" y "alterar las bases de la explotación afecta al Estado".
Frente a esta argumentación del Estado, el abogado de En Colectivo ya había insistido en que "parece dificil o incluso imposible que exista un perjuicio para el Estado".
Además, cabe destacar que la Fiscalía no se refiere en su demanda a las condiciones de la explotación, ni a la propia concesión a Audasa para explotar la AP-9 ni a su derecho a cobrar o el importe del peaje, sino que quiere que se declare nula la práctica de cobrar íntegramente el peaje de la autopista en todo caso, sin moderar o eliminar su importe cuando no se está prestando el servicio en condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez y/o seguridad del tráfico, como ocurrió en la AP-9 durante el tiempo que duraron las obras.
Tanto la Fiscalía como el resto de partes personadas en la causa excepto Audasa anunciaron un recursos de reposición a la decisión del juez de admitir esa personación, pero, de nuevo, el juez, los desestimó.