El diputado del PP Javier Bas acusó este sábado al Gobierno central de defender a la empresa concesionaria de la autopista AP-9, Audasa, en contra de los usuarios en el procedimiento judicial que se sigue contra esta compañía por presuntos cobros abusivos del peaje durante las obras de ampliación del puente de Rande.
Esta denuncia del PP llega días después de que se haya dado a conocer que la Abogacía del Estado está personada en la causa judicial que llega a juicio esta semana en el Juzgado del Mercantil número 1 de Pontevedra, circunstancia que para el Partido Popular de Pontevedra resulta "inaceptable".
Los 'populares' consideran que se trata de un "nuevo ataque del Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez" a la provincia de Pontevedra, pues entienden que el Estados se está posicionando del lado de Audasa en lugar de defender los intereses de los usuarios de la AP-9 que durante meses sufrieron atascos en Rande mientras les mantenían invariable el precio del peaje.
"Esta decisión va contra la economía y los vecinos, es un nuevo ataque del Gobierno socialista a nuestra provincia. Nunca nadie hizo tanto daño en tan poco tiempo como Pedro Sánchez", denuncia el diputado Javier Bas, que recuerda que en año y medio el Gobierno socialista paralizó la gratuidad del peaje de Redondela, paralizó las obras de mejora a consecuencia de la ampliación de la AP-9 y ahora decide acudir a los tribunales en contra de los usuarios y a favor de la concesionaria.
En opinión de este diputado, "lo que claro está, es que la Audasa le va mejor cuando gobiernan los socialistas. Así, recuerda que mientras la Xunta consiguió que se revisara un acuerdo del Gobierno con Audasa para que dejara de ganar 7 millones de euros al año, el gobierno socialista brindó un "negocio redondo" para Audasa y "ruinoso" para los ciudadanos a costa de las obras de ampliación del puente de Rande.
En esta misma línea, indica que el PSOE está trabajando en la defensa de los intereses de Audasa en los tribunales y adopta medidas para proteger a la concesionaria, pero se olvida de defender y adoptar medidas para los ciudadanos.
Estas acusaciones llegan justo después de que este viernes el Ministerio de Transportes haya insistido en que los informes que pudieran elaborar los servicios técnicos de la Dirección General de Carreteras así como sus posibles declaraciones cuando se produzcan, en relación con este procedimiento judicial responden estrictamente a juicios técnicos, no encuadrándose en ninguna actitud política.
Insiste en que tampoco responden a una posible defensa de Audasa, pues están "completamente de acuerdo en que se le exijan responsabilidades" en caso de que obrara incumpliendo la normativa o de sus obligaciones y es su obligación exigírsela.