La asociación En-Colectivo, que engloba a personas afectadas por el cobro de los peajes de la autopista AP-9 A durante las obras de ampliación del puente de Rande, ha mostrado este jueves su rechazo a que la Abogacía del Estado se haya personado en la causa judicial abierta en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra y que llegará a juicio la próxima semana. Los perjudicados ya habían manifestado su oposición a esta circunstancia en el pasado, cuando Audasa había pedido la personación del Estado, y ahora lo repiten.
Este rechazo de En Colectivo llega ahora porque la personación de la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Fomento y la Administración General del Estado, se ha notificado el pasado 28 de enero, a escasos días del comienzo de la vista oral, fijada para los días 11, 12 y 13 de febrero.
La asociación se opone a los argumentos manifestados por la Abogacía del Estado para personarse en el procedimiento iniciado a instancias de la Fiscalía de Pontevedra contra la empresa concesionaria de la autopista AP-9, Audasa, por el cobro "abusivo" del peaje de Rande durante las obras de ampliación a pesar de las restricciones de tráfico.
La causa tiene su origen en una demanda colectiva presentada por la Fiscalía Provincial a la que se han adherido dos asociaciones de afectados, Adicae y En Colectivo, y otros ocho perjudicados particulares. Frente a los argumentos de todos, la Abogacía del Estado considera que los hechos que se juzgarán se refieren al ámbito jurídico administrativo y no al civil, y que en este sentido Audasa ha cumplido como concesionaria, no habiendo vulnerado norma alguna de contratación pública.
En Colectivo critica que esta argumentación de la Abogacía del Estado supone un apoyo a la tesis de Audasa y, por lo tanto, una manifestación expresamente en contra del criterio de los afectados, que consideran que los servicios prestados por la empresa durante el periodo de obras no cumplieron con las garantías que le son exigibles como concesionaria sin que los usuarios de la vía fueran compensados de forma alguna.
Además, la Abogacía del Estado apunta en su escrito el posible perjuicio económico que una eventual estimación de la demanda podría suponerle, como justificación última de su personación.
El juzgado ya ha dado traslado a las partes de este escrito para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes. En Colectivo se opone a los argumentos manifestados por la representación del Estado por considerar precluído el trámite para formular alegaciones dada la fase del procedimiento judicial. Asimismo, reitera los argumentos en su día ya estimados por el juzgado para abordar el cobro de los peajes en la AP-9 durante las obras debe tratarse ante la jurisdicción civil por afectar directamente a consumidores y usuarios.
Diego Maraña, presidente de En Colectivo, considera que es "llamativo" que el Estado se persone de forma tan tardía, cuando ha podido tener conocimiento de la existencia del procedimiento judicial mucho antes y que la Abogacía del Estado haya presentado un escrito en el que evidencia un conocimiento amplio de los escritos de demanda y contestación que obran en los autos, a pesar de indicar que hasta la fecha no tenía constancia alguna del expediente judicia..
En Colectivo reclama la devolución de los peajes y el interés generado en este tiempo, lo que supone una cuantía cercana a los 200.000 euros. Además, recuerda que los consumidores, autónomos y empresas afectados aún pueden unirse a la reclamación por el cobro abusivo de los peajes a través de la web www.en-colectivo.com.
La Fiscalía pide que se condene a Audasa a reintegrar a los usuarios el doble del importe de los peajes que hayan sido abonados en el tramo del entorno del puente de Rande durante los tres años que duraron las obras de ampliación siempre y cuando hayan sufrido atascos o retenciones superiores a diez minutos, que sería el doble del tiempo estimado para recorrer ese tramo.
Además, los fiscales Alejandro Tuero González y Santiago Miguel Cruces aspiran a que el juzgado dicte una sentencia que declare la nulidad de la práctica de Audasa de cobrar íntegramente el peaje de la autopista en todo caso, sin moderar o eliminar su importe cuando no se está prestando el servicio en condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez y/o seguridad del tráfico.