El pleno del CGPJ se reúne en el nuevo edificio judicial y pone el foco en la situación de la justicia en Pontevedra
Por Natalia Puga & Cristina Saiz
El complejo judicial de A Parda se convirtió este jueves en foco de atención de medios de comunicación de todo el país con motivo de la celebración en el mismo del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El encuentro, la cuarta reunión plenaria que se celebra fuera de la sede central del órgano de gobierno de los jueces desde 2013, sirvió para poner el foco en la situación actual de la administración de justicia en Pontevedra y las demandas de los jueces y magistrados del partido judicial de la capital.
Los miembros del pleno del CGPJ llegaron al nuevo edificio judicial pontevedrés en autobús pocos minutos antes de las doce de la mañana para asistir a la reunión, pero previamente, entre las 11.00 y las 12.00 horas, ya se había reunido la Comisión Permanente del Consejo, y la actividad fue intensa en A Parda ya desde las 9.20 horas.
Muy puntual llegó al edificio el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. Ya le esperaban el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde; el presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez Estébanez; y la juez decana, María Belén Rubido de la Torre, y juntos se dirigieron al Decanato de los juzgados de Pontevedra, situado en el viejo edificio judicial.
Lesmes mantuvo un encuentro distendido con 17 jueces y magistrados destinados en la sede judicial. Se trata de la gran mayoría de los profesionales de la judicatura del partido judicial, pues de los 23 que hay en plantilla tan sólo faltaron 17 por diversos motivos laborales y personales.
La jueza decana explicó, al término del encuentro, que el hecho de que el presidente del Supremo acuda personalmente a reunirse con los jueces "da buena cuenta de que tiene interés en qué es lo que le tenemos que decir" y que celebrar estas reuniones del pleno deslocalizadas es beneficioso para los partidos judiciales pequeños, pues permite visibilizar que "la justicia es de proximidad y todos los ciudadanos tienen derecho a una justicia accesible".
"El hecho de que esté aquí es un reconocimiento de que el consejo nos tiene en cuenta y oye nuestras peticiones", explicó Belén Rubido, que indicó que los jueces pontevedreses trasladaron a Lesmes sus preocupaciones en relación con la modernización de la justicia y la implantación del expediente judicial y peticiones para que funcione bien, los jueces tengan cursos formativos y se pueda implementar de forma generalizada, pues supondrá "un beneficio para la ciudadanía".
En la actualidad, en cuatro juzgados ya está funcionando el expediente electrónico y varios magistrados ya tienen la firma electrónica, pero aún queda mucho por avanzar y se necesita que la aplicación "sea accesible" para terminar con el expediente de papel y tramitar los expedientes de manera digital. El nuevo edificio ha permitido aumentar a ocho las salas digitales, seis en el inmueble nuevo y dos en el antiguo, número que no alcanza prácticamente ningún juzgado gallego.
Además, le trasladaron al máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces necesidades vinculadas al edificio judicial antiguo. El nuevo inmueble se inauguró el pasado mes de septiembre y este mismo martes terminó el traslado al mismo del último juzgado que quedaba pendiente. Una vez que ya está a pleno rendimiento, quieren centrar sus demandas en la otra sede, unida con el nuevo edificio por un pasillo interior, para tratar de "optimizar sus espacios", crear una nueva oficina de atención a la víctima y fomentar la mediación, que hay varios juzgados interesados.
Carlos Lesmes se mostró "receptivo", según reveló Belén Rubido. El presidente del Supremo, por su parte, evitó hacer declaraciones, al entender que cualquier afirmación que haga puede interpretarse como una injerencia en el proceso de renovación del Consejo, que tiene su mandato agotado desde diciembre de 2018. El CGPJ tiene mandatos de cinco año y había empezado en 2013, de modo que lleva más de un año en funciones.
Hace dos semanas ya decidieron paralizar los nombramientos de nuevos cargos judiciales y este jueves evitaron hacer valoraciones, a la espera de que se reactive la renovación de la institución, un trámite que depende de los partidos políticos y que confían que se retome ahora que se han constituido el Congreso y el Senado y se ha nombrado nuevo Gobierno.
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