El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Rafa Domínguez, ha valorado como "lamentable" la carta que el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha remitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le emplaza a hablar de una serie de compromisos con la ciudad y recabar su apoyo para "liberar" a la ría de Ence.
En cuando al contenido de la misiva, Rafa Domínguez ha dicho que "echo de menos que le pida a los socialistas que nos devuelvan los 370 millones que nos han robado a los gallegos".
Se refiere el portavoz popular a que Galicia obtenga los 200 millones de euros del IVA de 2017 que le adeuda el Gobierno central, además de los 170 millones de euros correspondientes a incentivos fiscales que la Xunta reclama.
En esta línea, Domínguez ha presentado una moción para su posterior debate en el pleno municipal para que instar al Gobierno central a abonar la deuda pendiente con Galicia. Según el PP, "el impacto económico de esta decisión de Sánchez afecta directamente al sistema de financiación autonómica, pero también supone una pérdida de recursos para los vecinos de Pontevedra, por lo que esta corporación no puede permanecer ajena a esta reivindicación".
El gobierno autonómico acaba de anunciar que responderá en los tribunales al "hurto político del gobierno de Sánchez, cometido con la complicidad del BNG".
Domínguez pide en la moción que el Concello de Pontevedra declare su apoyo a la Xunta de Galicia ante el Gobierno central para que éste ingrese las cuantías del Impuesto sobre el Valor Añadido no liquidadas correspondientes al ejercicio 2017 y defienda la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con una orden del día que incluya un punto específico para abordar la aprobación a Galicia de los incentivos por su bueno desempeño fiscal en los años 2017 y 2018.
Además, Domínguez ha criticado que el documento de Lores se centre en el cierre de Ence, "una empresa clave en el mermado tejido industrial que tenemos en Pontevedra".
Domínguez ha afeado al gobierno local que no haya incluido la solicitud de la paralización de las modificaciones de la Ley de Costas ni la reclamación de la gratuidad del tramo de la AP-9 entre Pontevedra y Curro.