La CIG demanda al nuevo Gobierno unas pensiones públicas dignas y garantizadas
Por Oskar Viéitez & Cristina Saiz
La plaza de la Peregrina acogió este jueves una concentración organizada por el colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG en la demanda de pensiones públicas dignas y garantizadas.
Al igual que se hizo de manera simultánea en otras tantas concentraciones en las siete grandes ciudades gallegas, en Pontevedra pidieron que se deroguen de inmediato las reformas que en los años 2011 y 2013 aprobaron los gobiernos del PSOE y del PP, respectivamente.
En el manifiesto leído este jueves, denunciaron que las pensiones gallegas son las segundas más bajas del Estado; que según los últimos datos, referidos a 2018, más de la mitad son inferiores a 706,6 euros; que la pensión media de una mujer gallega es casi 300 euros menor que pensión de un gallego y que de las personas con pensiones más bajas, más del 60% son mujeres.
En la central nacionalista están convencidos de que "solo un mercado laboral fuerte, con salarios justos y empleo estable, puede garantizar los recursos suficientes para el sistema público de pensiones".
Una vez investido el nuevo presidente y conformados los nuevos ministerios, la central sindical demanda medidas inmediatas para dar una solución a esta grave situación.
Para eso la CIG reclama, entre otras medidas urgentes, la supresión del factor de sostenibilidad; la fijación por ley de la pensiones mínimas igual al Salario Mínimo Interprofesional y su revalorización anual, como mínimo, con el IPC; la jubilación ordinaria a los 65 años y voluntaria a partir de los 35 cotizados (reales o por aplicación de coeficientes reductores) y que el cálculo de la base reguladora se haga según las bases de cotización, actualizadas a la fecha de reporte de la pensión con el IPC de todo el tiempo transcurrido, de un período de 10 años elegido por la persona beneficiaria.
Junto a esto demanda la supresión de las bonificaciones y reducciones de la cotización empresarial a la Seguridad Social en determinados tipos de contratos laborales; que se eliminen los topes máximos de cotización a la Seguridad Social, manteniendo unos límites máximos para el importe de la pensiones y el traspaso a la administración gallega de la competencia de gestión del régimen económico de la Seguridad Social prevista en el Estatuto de Autonomía.