El BNG apoyará la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Lo hará después de llegar a un acuerdo con el PSOE, rubricado anoche, en el que se incluyen varios compromisos que afectarán de lleno a la comarca de Pontevedra.
El pacto, sellado en Madrid por Ana Pontón y la portavoz socialista Adriana Lastra, supondrá para Pontevedra el desbloqueo de la reforma del nudo de Bomberos, el acceso norte a la autopista AP-9, con el que busca mejorar la movilidad de esta área urbana.
Pero ha sido precisamente la AP-9 la protagonista de estas negociaciones. Tal y como exigían los nacionalistas, Sánchez se compromete aprobar en el Congreso la transferencia de la autopista a Galicia y asumir, a través de un sistema de compensaciones, la rebaja del peaje.
El coste de esta rebaja, que correrá a cargo de los presupuestos del Estado, garantizará como mínimo la bonificación del 100% del peaje para usuarios recurrentes que circulen por la AP-9 al menos dos veces al día, tanto particulares como profesionales, todos los días de la semana.
Además, se aprobará la gratuidad del tramo entre Vigo y Redondela y se establece el compromiso de no repercutir sobre los usuarios, durante los cuatro años de legislatura, la subida acordada con Fomento, entre otras cuestiones, por la ampliación de Rande.
El acuerdo permitirá avanzar en la modernización de las infraestructuras ferroviarias, entre ellas la conexión de la provincia de Pontevedra con el norte de Portugal; e incluir a los puertos pontevedreses en el Corredor Atlántico para el transporte ferroviario de mercancías.
El futuro gobierno PSOE-Podemos abordará además el saneamiento y la regeneración de las rías gallegas y, en este sentido, se cita expresamente que el ejecutivo central se manifiesta a favor del traslado de ENCE a otro enclave gallego más adecuado desde el punto de vista medioambiental, a través de una fórmula que permita mantener el empleo.
También asegurará el cumplimiento por parte de Elnosa de sus obligaciones en relación con la reversión de los terrenos que fueron objeto de concesión en Lourizán, para garantizar su limpieza y posterior recuperación en el año 2020.
BNG y PSOE han acordado, en otro orden de cosas, medidas para proteger la minería, el sector del aluminio, la industria naval o los proyectos empresariales afectados por la transición ecológica, ampliar el número de juzgados de violencia de género en Galicia o evitar que las prestaciones de los emigrantes retornados sufran una doble tributación.
Estudiar posibles compensaciones a comunidades que, como Galicia, son productoras eléctricas para abaratar la factura, normalizar el uso del gallego en la administración y respetar la toponimia, recuperar horas de programación en gallego en RTVE o facilitar que las televisiones portuguesas se puedan ver en Galicia son otros de los compromisos.
Por último, el gobierno de Pedro Sánchez acepta avanzar en la transferencia de nuevas competencias y garantiza que cualquier modificación de la estructura territorial del Estado asegurará a Galicia el mismo status de País Vasco y Cataluña.