El alcalde de Barro declarará como investigado en el juzgado a raíz de una denuncia del PP por la obra de la piscina municipal
Por Natalia Puga
El alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, tendrá que declarar el próximo martes 17 de diciembre en el Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis en calidad de investigado por un delito de prevaricación administrativa. Lo hará a petición de la Fiscalía de Pontevedra en una causa judicial abierta a raíz de una denuncia presentada por el portavoz del PP local, José Antonio Landín, días antes de las pasadas elecciones municipales de mayo en las que el actual regidor ganó por mayoría absoluta.
El propio Abraldes desveló este viernes su situación de investigado en una rueda de prensa convocada en la sede del Concello de Barro en la que detalló todos los datos del proyecto de la piscina municipal, un complejo deportivo financiado a través del Plan Concellos y del Plan de Reequilibrio de la Deputación Provincial que se inauguró el pasado mes de julio, y respondió al contenido de la denuncia presentada por el PP.
Además de Abraldes, deberá declarar como investigado el aparejador municipal, Ricardo Sobral Casalderey, y la causa se sigue también contra la empresa que ejecutó la obra, Construcciones e Ingeniería Messi SL, según consta en la citación recibida por el alcalde.
La denuncia del PP se centra en un modificado del proyecto inicial en el que detectan partidas "que se duplicaron" con respecto al redactado inicial de la obra y en un expediente de modificación de crédito aprobado por el Concello en junio de este año 2019 que Landín asegura que coincide "justamente" con el importe del modificado y que responde a un sobrecoste de dinero procedente de las arcas municipales.
Abraldes respondió este viernes a todas esas acusaciones, negó tales duplicidades y cuestionó que la propia denuncia es una "chapuza total" en la que se comparan cifras con y sin IVA y algunas en las que están aplicadas las bajas logradas en la adjudicación y otras en las que no se aplican las bajas.
Al respecto, detalló que el portavoz del PP se ampara en que el modificado supone un 21% de aumento del precio inicial del proyecto, pero que, para llegar a ese dato, compara la cifra de adjudicación inicial sin IVA y aplicada la baja económica de la adjudicación con el importe total del modifiado ya con IVA y sin aplicar la baja.
Frente a la denuncia, defiende que el modificado, en realidad, es del 15,73% y que, además, dado que se había conseguido una baja frente al presupuesto de adjudicación, en realidad, incluso se gastaron 18.567 euros menos que la subvención de la Deputación para esta obra, de modo que el Concello "no tuvo que aportar ninguna cantidad a pesar del modificado".
Aseguró también que el modificado de crédito aportado como prueba "non ten nada que ver" con la obra de la piscina. El alcalde aportó a la prensa documentación del Pleno que detalla que se trata de un modificado por importe de 26.952,15 euros para ejecutar obras de carpintería en el Pazo de San Marco, mejora de un camino rural en Vilaverde e iluminación, de modo que ni siquiera coincide el importe y mucho menos el destino del dinero. Además, reveló que ese modificado de crédito cuestionado es del 11 de junio y la denuncia del PP es previa, de mayo.
El alcalde de Barro defiende que el proyecto se ejecutó de forma "impecable" tanto a nivel técnico como de procedimiento. Mostró su "plena confianza" en la profesionalidad del personal municipal y añadió que, al tratarse de un proyecto financiado en su totalidad por la Deputación, los técnicos municipales estuvieron en contacto permanente con sus homólogos de la institución provincial para coordinar todos los pasos que se dieron en la ejecución de la obra.
De cara a la comparecencia del martes, mostró "tranquilidade absoluta" y destacó que al menos tendrá la oportunidad de explicar toda su actuación y "desmontar todas as falsidades" del portavoz del PP, pues sostiene que la Fiscalía estuvo investigando la denuncia cuatro meses, llamó a Landín tres veces para ratificar la denuncia y nunca llamaron al Concello.
Sí se le pidieron documentos a la administración local y ellos remitieron todo el expediente de la obra. El expediente lo lleva el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, y las declaraciones las tomó la teniente fiscal, Carmen Novo.
Abraldes defiende que el proyecto se controló de forma "exquisita". Lo hicieron los técnicos municipales supervisados por los provinciales y, a mayores, se contrató una empresa de control de calidad que ayudar a hacer un control diario de las obras. Además, aportó un informe de la Deputación Provincial que informa de forma favorable al modificado y "desmente todo" lo dicho polo PP.
En definitiva, sostiene que en esta obra se actuó "con rigor, con control do gasto público e con respecto absoluto aos procedementos de contratación" y cree que esta denuncia solo tiene dos explicaciones: o la presentaron porque se equivocaron en los cálculos o porque actuaron "a mala fé". En ambos casos, Abraldes cree que los motivos "incapacitan" al portavoz del PP para ejercer cualquier cargo público.
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