Un hombre acusado de recibir envíos de cocaína en paquetes postales confiesa los hechos e incrimina a su amiga
Por Oskar Viéitez & Mónica Patxot
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado visto para sentencia el juicio celebrado este martes contra dos personas acusadas de intentar introducir en Galicia cocaína procedente de Paraguay vía paquete postal.
En el banquillo de los acusados se han sentado Gabriel César G.D. y Fernanda B.S. El hombre se ha confesado autor de los hechos que se le imputan y ha incriminado a su compañera asegurando que entre ambos idearon un plan para recibir un paquete postal que contenía cocaína. "Era cosa de los dos", ha repetido ante el tribunal sobre esta operación "yo fui el que puso el dinero pero lo organizamos entre los dos" y "las ganancias iban a medias", ha declarado.
"Yo vi que era una posibilidad de ganar dinero fácilmente, de lo cual me arrepiento mucho", ha confesado el acusado.
Según ha explicado este hombre, Fernanda fijó su domicilio en la localidad de Ponteareas, donde debía recibir el paquete a nombre de su expareja, para no levantar sospechas.
César ha añadido que cuando la operación estaba en marcha "me arrepentí, me eché atrás. No era una broma, pagué cárcel por ello. Me ha costado mucho de mi vida".
Por su parte Fernanda niega haber tenido conocimiento de que el paquete contenía droga. Ha admitido que se prestó para "hacer un favor" a César "por la confianza y la amistad íntima que teníamos" pero ha asegurado que "yo no pensé jamás que me podría poner en una situación como esta".
Según han declarado los agentes de Vigilancia Aduanera, detectaron que el paquete tenía cocaína, por lo que procedieron a su entrega controlada el 20 de julio de 2017, cuando un agente simuló ser un repartidor de la empresa DHL y llevó el paquete al domicilio indicado, donde fue recogido por la acusada. Tras esto, se procedió a la identificación y detención tanto de ella como de César.
La cocaína se encontraba oculta en las tapas de unos archivadores y pesaba algo menos de 300 gramos, con un valor en el mercado de unos 30.000 euros.
El fiscal considera a ambos autores de un delito contra la salud pública y pide para Gabriel una pena de tres años de prisión y multa de 17.748 euros. En esta solicitud de condena tiene en cuenta las atenuantes de drogadicción y confesión tardía. Además, interesa la suspensión de la pena condicionada a que se someta a un tratamiento de desintoxicación.
El representante del Ministerio Público pide para Fernanda una pena de cuatro años y cuatro meses de prisión y multa de 17.748 euros.