Miguel Vilacoba, en el banquillo por quedarse con 1.075 euros de la comunidad de montes de Lérez: "Fue un error"
Por Natalia Puga
El ex presidente de la comunidad de montes de Lérez, Miguel Vilacoba García, se sentó este viernes en el banquillo de los acusados del Juzgado de Penal número 2 de Pontevedra para rendir cuentas por presuntamente haberse quedado con 1.075, 89 euros de la comunidad y asumió que ese dinero fue a parar a su cuenta y no lo devolvió hasta tres años después, pero aclarando que todo fue fruto de "un error", pues "no era consciente de que ese dinero estaba en mi cuenta".
Vilacoba llegó a juicio a raíz de la denuncia presentada por la nueva directiva de los comuneros. Todo se remonta a marzo de 2014, cuando se produjo un robo en la casa de cultura propiedad de la comunidad y la compañía aseguradora reconoció el pago de una indemnización de 600 euros a la persona que regentaba la cafetería del local -la esposa de Vilacoba- y otra de 1.075 a la propia comunidad.
Esa indemnización acabó ingresada en la cuenta personal de Vilacoba, la misma en la que se pagó lo indemnizado a la cafetería. Aunque todo ocurrió en 2014, los hechos no salieron a la luz hasta 2017, cuando, tras el cambio de directiva, se realizó una revisión de las cuentas y los nuevos gestores descubrieron que la comunidad no había llegado a recibir ese ingreso, que había ido a parar al ex presidente.
Durante la mañana de este viernes prestaron declaración en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra diversos comuneros y actuales directivos de la comunidad de montes que explicaron el proceso de la denuncia y que nunca antes habían sospechado de posibles movimientos irregulares en las cuentas de la comunidad porque tenían "total confianza" en la gestión de Vilacoba.
Varios de ellos aseguraron que intentaron hablar con el ahora acusado en varias ocasiones y él se negó y un antiguo vocal llegó a indicar que no cree que realmente fuese todo resultado de un error: "Yo no lo veo como un error. Eso fue que te entró (el dinero) y te hiciste el longuis".
Sin embargo, otro comunero indicó una actitud completamente distinta por parte del acusado, pues asegura que en cuanto él se enteró de que faltaba ese dinero, quedó con él y mostró una actitud de "sorpresa" por lo que le estaba contando. Se comprometió a revisar sus cuentas y decirle algo y ese mismo día, horas más tarde, le llamó y le reconoció que había visto en su cuenta un dinero que no era suyo. Eso ocurrió un viernes y al lunes siguiente, el dinero ya estaba en la cuenta de la comunidad.
El corredor del seguro explicó en la sala que inicialmente en la compañía tenían un número de cuenta de la comunidad para realizar el ingreso, pero que ese número dio problemas porque en aquellos momentos se estaba implantando el 'IBAN' en las cuentas, de modo que pidió al entonces presidente un número nuevo, le dio el que resultó ser el suyo personal y se efectuó el pago. El corredor no volvió a tener conocimiento del tema hasta que la nueva directiva le preguntó por el tema tres años después.
La jueza accedió a la petición del abogado de Vilacoba para que éste fuese el último en declarar, y no el primero como ocurre con todos los acusados. Después de que los testigos expusiesen sus versiones de los hechos, él declaró y se declaró inocente, haciendo referencia a ese "error".
Así, indicó que proporcionó a la compañía su número de cuenta porque el otro daba problemas y que su "primera intención" fue ingresar en la cuenta de la comunidad el dinero recibido en la suya. No lo hizo porque "nunca me acordé más de esa cantidad".
"Es un error. No lo puedo explicar. Evidentemente ocurrió", asumió, pero aseguró que nunca quiso quedarse con ese dinero y que se sorprendió cuando le hicieron saber que no lo había ingresado finalmente. En cuanto lo verificó, devolvió el dinero.
La Fiscalía le consideraba inicialmente responsable de un delito de estafa y pedía que fuese condenado a un año de prisión al aplicarle la circunstancia atenuante de reparación del daño. Tras el juicio, modificó sus conclusiones y pasó a atribuirle un delito de apropiación indebida con una circunstancia agravante de abuso de confianza y otra atenuante de dilaciones indebidas extraordinarias. La fiscal mantiene que cometió esos hechos "prevaliéndose" de su "condición de presidente de la comunidad".
La acusación particular pide que sea condenado a tres años de prisión, año y medio por apropiación indebida y otro tanto por administración desleal y también le reclama 3.000 euros por daños morales y una inhabilitación especial. Su defensa mantiene en todo momento su inocencia.
El juicio ha quedado visto para sentencia este viernes.