Ser jurado en España es, a la vez, un derecho reconocido por el artículo 125 de la Constitución y una obligación en virtud de la Ley del Jurado de 1995 y no siempre es un plato a gusto de todos aquellos ciudadanos que son seleccionados para participar en él. A la presión por asumir una función tan importante y los posibles inconvenientes que puede suponer para la vida de la persona elegida, en los dos últimos días se ha sumado en Pontevedra una complicación añadida: el trato recibido por parte de los nueve miembros del tribunal que juzgó el conocido como crimen de la desbrozadora.
Los jurados estuvieron dos días enteros deliberando, entre las 14.15 horas de este lunes y las 21.00 horas de este martes incomunicados, y sufrieron una situación que ha causado malestar en el seno de la Audiencia Provincial de Pontevedra y de la que todas las fuentes consultadas responsabilizan directamente a la Xunta de Galicia, administración responsable de dotar de los medios necesarios a las personas que forman parte de un tribunal popular que hizo gala de una total falta de previsión.
Así, señalan que ni siquiera se les suministró un elemento tan básico como botellas de agua para dos largas jornadas de deliberaciones y que en la noche del lunes al martes, cuando tuvieron que quedarse a dormir en un hotel por obligación de la función asumida, se encontraron a las tantas de la noche sin habitación reservada ni nada para cenar.
El juicio comenzó el pasado lunes 25 de marzo y tuvo sesiones diarias en horario de mañana durante toda la semana pasada. Este lunes, los nueve jurados -y dos suplentes- fueron citados a las 10.30 horas de la mañana para empezar a deliberar. Finalmente les entregaron el objeto de veredicto -las preguntas que debían responder para llegar a un veredicto final- a las 14.15 horas. En ese momento, empezaron los problemas.
Desde el momento en el que se les entrega ese documento con el objeto de veredicto, los jurados quedan inmediatamente incomunicados y tienen prohibido cualquier contacto con personas ajenas al tribunal. Deben comer todos juntos en el lugar que se les asigne, custodiados siempre por las Fuerzas de Seguridad o el personal judicial y al mediodía del lunes les llegaron a un lugar en el que, según han señalado fuentes conocedoras de la situación, se les sirvió una comida que no fue de su agrado en un cuarto -recordemos que deben estar aislados- que no les resultó agradable.
La situación se complicó por la tarde. Desde las 16.00 horas hasta las 23.00 horas estuvieron deliberando en la sala reservada para tal fin en la Audiencia Provincial y ni siquiera se les suministró agua. Además, cuando pasadas las 23.00 horas se decidió que ya no habría veredicto en el día, llegó el momento de ir a un alojamiento todos juntos y sin contacto con el exterior. Habitualmente, se designa a una persona de enlace de la Xunta de Galicia que gestiona este tipo de trámites, pero en esta ocasión no se realizó ninguna gestión, de modo que se encontraron a aquellas horas sin hotel reservado.
Finalmente, peresonal adscrito a la Sección Segunda de la Audiencia les gestionó ese hotel, pero surgió el problema de la cena. A esas horas, ningún hotel de Pontevedra les garantizaba la cena y acabaron acudiendo todos juntos, custodiados en todo momento por la Policía Nacional, a una bocatería que encontraron abierta y les sirvió algo de comer.
Por la mañana, a las 9.00 horas ya se dirigieron a la Audiencia, de nuevo custodiados por la Policía Nacional, y resultó complicado incluso tomar un café para que pudiese ingerir alimentos a media mañana. Finalmente lo lograron.
Ya a mediodía, pasadas las 15.00 horas, les conocieron hasta el mismo restaurante del primer día, con el consiguiente disgusto por parte de parte del jurado. El cansancio y el malestar era tal que, según ha podido saber PontevedraViva, incluso algún miembro del jurado acabó explotando y rompiendo a llorar. Así se pudo ver a uno de ellos saliendo a tomar el aire al exterior de la Audiencia a media tarde.
Finalmente, su labor terminó ya por la noche, con un cansancio que ninguno podía ocultar y dejando muy mal sabor de boca por una experiencia que, además, es obligatoria. De hecho, incumplir la obligación de ser jurado puede conllevar sanciones de hasta 1.500 euros, según la Ley del Jurado.