El Gobierno saca pecho de siete meses en Moncloa que lograron "imprimir una marcha más" a la provincia

Pontevedra
10 de enero 2019

Infraestructuras y políticas sociales han sido durante los últimos siete meses los dos ejes de actuación del Gobierno estatal en relación con Pontevedra. Invirtió en la provincia 24 millones de euros en obras y le dio un impuso a proyectos como los nuevos tramos de la autovía A-57 o la llegada del AVE 

Maica Larriba, Javier Losada e Tino Fernández, de paseo por Pontevedra
Maica Larriba, Javier Losada e Tino Fernández, de paseo por Pontevedra / Mónica Patxot

Infraestructuras y políticas sociales han sido durante los últimos siete meses los dos ejes de actuación del Gobierno estatal en relación con Pontevedra. En esa etapa, la transcurrida desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el Ejecutivo invirtió en la provincia 24 millones de euros en obras -tanto nuevas como mejora de las actuales- y le dio un impuso a proyectos como los nuevos tramos de la autovía A-57 o la llegada del AVE, una política que ha supuesto, según el balance oficial, dar "un nuevo impulso a Pontevedra para que sea una provincia pujante, el motor económico de Galicia". 

Los datos y el balance los facilitaron el delegado del Gobierno en Galicia y la subdelegada en Pontevedra, Javier Losada y Maica Larriba. Ambos participaron en un desayuno informativo en el que hicieron un recorrido por la situación actual y los avances logrados. Una vez terminado, y ya en su faceta de partido, realizaron un recorrido por la ciudad de Pontevedra acompañados por el candidato del PSOE a las próximas elecciones municipales, Tino Fernández. 

Losada destacó que esos avances se lograron a pesar de que, a su llegada, tuvieron que dedicar "mucho tiempo" a "solucionar problemas enquistados que habían quedado el olvido" durante los siete del Gobierno anterior de Mariano Rajoy. Usando un símil automovilístico, explico que, superados esos obstáculos, metieron "una marcha más" en esta provincia. 

"Pisando el acelerador" lograron avanzar hacia el objetivo de que "Pontevedra sea una provincia que lidere en lo económico, en lo medioambiental y en lo social". En este último ámbito, destacan que una de las prioridades del Gobierno ha sido encauzar demandas sociales y trabajar "con las personas como protagonistas".

Como ejemplo, indicó que la subida de las pensiones planteada por el Gobierno afecta a 241.000 pensionistas en la provincia, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional mejorará los ingresos de unos 43.000 pontevedreses y la reforma de la legislación aplicable a los autónomos permitirá a 67.000 trabajadores tener derecho a paro, bajas médicas y prestaciones sociales. 

Un total de 52.300 empleados públicos que verán un aumento en sus retribuciones de al menos un 2,25 % y unos 36.000 madres y padres tendrán derecho a la devolución de las retenciones del IRPF realizadas entre los ejercicios 2014 y 2017, según los datos facilitados por Losada. 

En materia de Infraestructuras, destaca que el Ministerio de Fomento confirmó el el fin de las obras para la llegada del AVE a Galicia en 2019, que supondrá que los tiempos de viaje entre la Comunidad y Madrid se reducirán este año en el caso de Pontevedra desde 6 horas y 41 minutos hasta 4 horas y 50 minutos. En el de Vigo, la diferencia será entre las actuales 6.08 y las futuras 5.06. En 2020, ya con la puesta en servicio completa de la línea de alta velocidad, los tiempos quedarán en poco más de la mitad de los actuales. En concreto, Pontevedra llegará a las 3.10 y Vigo a las 3.20. 

 En su balance cobró especial protagonismo la autopista AP-9, de la que recordó que el actual Ejecutivo ha permitido levantar el veto al debate sobre el traspaso a Galicia y reactivó la Comisión de Seguimiento de la autopista, cuya última reunión se celebró este mes de diciembre.  

Al respecto, y a preguntas de los medios de comunicación, invitó a una reflexión sobre el hecho de que todo lo relativo a la AP-9 está condicionado por el "pecado original" del PP de ampliar la concesión a Audasa y también sobre la circunstancia de que toda decisión que tomen sobre la posible eliminación de peajes, a la vista de la concesión actual, supondrá estudiar sobre quién repercutirá esa bajada o supresión.