La falta de un informe pericial obliga a suspender un juicio por agresión sexual a un joven con discapacidad
Por Natalia Puga
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra se vio obligada a suspender un juicio previsto para este martes contra un hombre acusado de agredir sexualmente a un joven con discapacidad psíquica y física en la comarca de O Morrazo. El tribunal tomó la decisión en base a la petición de todas las partes personadas en la causa una vez que se detectó que faltaba un informe pericial.
Según han indicado fuentes judiciales, se trata de un informe del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) sobre el acusado que está solicitado, pero todavía no ha llegado a la Audiencia. Desde el tribunal ya se ha vuelto a solicitar y el juicio ha vuelto a señalarse para su celebración, ya con el documento terminado, el próximo 15 de enero de 2019.
El juicio ya no comenzó este martes porque las partes pidieron su suspensión ya en el momento de las cuestiones previas, pero ya se ha comunicado que el día que se celebre se hará a puerta cerrada y sin la presencia de público ni de medios de comunicación para poder preservar la identidad de la víctima de los abusos.
El juicio sentará en el banquillo de los acusados a un hombre para el que la Fiscalía demanda una condena a nueve años de cárcel como autor de un delito continuado de abuso sexual no consentido con abuso de trastorno mental y penetración.
El acusado y su presunta víctima residían en la misma localidad de O Morrazo cuando ocurrieron los hechos que se van a juzgar, entre los años 2015 y 2016. La víctima es una persona que presenta un retraso mental moderado y un grado de discapacidad del 70%.
Según el fiscal, el acusado actuó "con ánimo de satisfacer sus impulsos sexuales" y convenció a su víctima con dinero o con golosinas para que le acompañase a su casa o a zonas escondidas de su localidad de residencia, donde se produjeron los abusos y agresiones sexuales en varias ocasiones.
El acusado tiene una orden de alejamiento de su víctima y la Fiscalía solicita que, una vez que sea juzgado, se le condene a la prohibición de aproximación a menos de 100 metros de su víctima, tanto de su domicilio como de cualquier lugar donde se encuentra durante diez años. También pide la medida de libertad vigilada durante cinco años y que indemnice a su víctima con 20.000 euros por los daños morales ocasionados.
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