Los 'Miguelianos' recurrirán a altas esferas judiciales para denunciar irregularidades en el caso
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
El abogado de Feliciano Miguel Rosendo, fundador de la asociación Orden y Mandato de San Miguel Arcángel y principal acusado del denominado caso de los 'Miguelianos', acudirá a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial para denunciar los comportamientos del fiscal y la jueza del caso, sus presuntas irregularidades y sus "cambios de criterio" sin justificación ni base legal aparente.
Así lo ha dado a conocer el letrado, el archiconocido Marcos García-Montes, este jueves durante una comparecencia pública en el Hotel Rías Bajas de Pontevedra acompañado por la abogada de varias de las supuestas consagradas de Orden y Mandato, Beatriz Seijo, y de sacerdotes y defensores de la actuación de Rosendo.
Cinco sacerdotes defensores de Orden y Mandato ya pidieron hace semanas por carta al fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, que relevase al fiscal encargado de este caso, Juan Pablo Martínez, de quien aseguran que es del Opus Dei y siguió las tesis de otros miembros de esta corriente como el párroco de la cárcel de A Lama, Isaac de Vega, para acusar a Feliciano Miguel. Después de que Aladro desoyese su petición, ahora irán a la fiscal general del Estado, María José Segarra.
A Segarra le pedirá que investigue la formulación de su acusación, que atribuye al líder de los 'Miguelianos' 21 delitos, que retire al fiscal y que nombre otro que actué "con mayor imparcialidad y con objetividad". Al CGPJ que investigue el procedimiento "a ver si encuentra explicación" a algunas de las actuaciones de la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Tui, de quien critican que mantuvo el procedimiento un año parado, "procesó de oficio" y luego tuvo un "cambio de criterio" que, a su juicio, "tiene que ser examinado".
La abogada Beatriz Seijo también anunció actuaciones judiciales en esta causa. En su caso, dio a conocer que al menos ocho personas presentarán demandas en la vía civil "de manera inmediata" contra personas que llevan años atentando contra su dignidad con las afirmaciones que han realizado sobre ellos. Los demandantes serían el sacerdote Telmo Lago, de quien se ha asegurado que fue obligado por Miguel Rosendo a ordenarse; la consagrada Natalia Fernández, de quien se ha asegurado que fue víctima de abusos sexuales; y tres matrimonios de los que se ha dicho que no se casaron libremente.
Los ocho iniciarán la reclamación en la vía civil para solicitar "amparo y protección" y también para pedir que se cese de hacer esas afirmaciones sobre ellos, pues se trata de conductas que "atentan al honor, a la intimidad o a la fama". Destacan que "sin estar imputadas en el procedimiento ni acusadas ni van a ser llevadas a juicio, se han hecho afirmaciones en torno a su intimidad o a su honor que les afectan a niveles que son intolerables".
Los dos abogados también asistieron este jueves a una vista en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que será la que antes de final de año juzgue el caso. Se trata del primer acto procesal desde que se dictó la apertura de juicio oral y tuvo como objeto planteó una serie de peticiones planteadas por estos dos abogados. El tribunal solo admitió debatir cuestiones relativas a la posible prescripción de parte de los delitos que se le atribuyen a los acusados en la causa.
Según ha explicado Beatriz Seijo, ella planteó las cuestiones y García-Montes se adhirió. Se refieren a tres delitos que afectan a cuatro personas relativos a coacciones y lesiones e infracciones contra la integridad moral. Ellos alegan prescripción porque el fiscal y la acusación plantean un relato de hechos que dice que han sucedido y los sitúan estrictamente en una fecha y, aunque sus clientes mantienen que no son ciertos, han decidido pedir que han prescrito por si finalmente les juzgan y condenan por ellos.
Además de ser muy críticos con la actuación del fiscal y la jueza, estos dos abogados de los 'Miguelianos' cuestionan la actuación de la acusación que ejercen los primeros denunciantes de este tema, ex miembros de Orden y Mandato que alegan que es una secta y que sus hijos siguen en ella. Les cuestionan por haber presentado acusación cuando no son parte perjudicada y por actuar en nombre de sus hijas cuando ellas, que son mayores de edad y están en todas sus facultades, niegan que existan los delitos de los que sostienen que son víctimas.
Al respecto, critican que esos padres han intentado también ser acusación popular, pero la Audiencia Provincial les negó la posibilidad, y que formulan un relato de hechos que está lleno de "contradicciones" con respecto al del fiscal, tanto en los delitos descritos como en las personas acusadas. "Las contradicciones forman parte de la esencia de las acusaciones, que no se sostienen por sí mismas, precisamente por esa contradicción in terminis que es insalvable", explica Beatriz Seijo.
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