Una vecina de Vilaboa no irá a prisión si logra legalizar su casa o demolerla en un plazo de dos años
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
Una vecina de Postemirón, en Vilaboa, se sentó este martes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra para rendir cuentas por un delito contra la ordenación del territorio por el que la Fiscalía le pedía inicialmente una pena de dos años de prisión por haber construido su casa en un terreno rústico no urbanizable. Tras alcanzar un acuerdo de conformidad, esa condena se redujo a un año y evitará cumplirla a cambio de que, en un plazo de dos años, proceda a la legalización de la casa a través del nuevo PXOM de Vilaboa o a su demolición.
El fiscal del caso, Alejandro Tuero González, ofreció un acuerdo de conformidad a la vecina teniendo en cuenta que en este procedimiento se produjeron dilaciones indebidas, pues pasaron más de cuatro años entre que se incoaron diligencias y el caso llegó a juicio, un retraso que no se puede imputar ni a la acusada ni tampoco a la complejidad del asunto.
Estas dilaciones son una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, de modo que redujo a la mitad la pena de prisión y rebajó la responsabilidad civil solicitada.
Tras ese acuerdo, la afectada, que prefiere que no se difunda su nombre, reconoció los hechos y aceptó cumplir ese año de prisión y pagar, en concepto de responsabilidad civil, una multa de doce meses a razón de cuatro euros diarios, un total de 1.440 euros que su abogada ha pedido que pague en diez plazos de 144 euros cada uno. Además, el fiscal informó a favor de que esa pena quede suspendida y no tenga que entrar en prisión, siempre bajo la condición de que no cometa otro delito en ese período, de que pague la multa y de que, en el plazo de esos dos años, se legalice la situación.
La afectada asume la obligación de acreditar ante el juez en dos años que ha demolido su casa o ha podido adecuarla a la legalidad vigente, esto es, que se adapte a las normas urbanísticas del municipio. Vilaboa carece de Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero tanto esta vecina como el alcalde, Luis Poceiro, presente en el juicio, confían en que esté aprobado antes de ese plazo de dos años y pueda evitar esa demolición.
El juez, Juan José Trashorras, optó por dictar sentencia ya en la sala y, una vez que la afectada se conformó y se comprometió a cumplir la ley en ese plazo de dos años, le comunicó que sería condenada con su conformidad a la prisión y la multa acordadas. La condena incluye la prohibición de realizar promociones inmobiliarias durante un año.
Esta conformidad evitó la celebración del juicio y la declaración de los técnicos de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), que denunciaron el caso ante la Fiscalía tras haber detectado que esta vecina empezó a construir su vivienda en Postemirón incumpliendo la ordenación urbanística. Ella, por su parte, en todo este procedimiento ha alegado que se informó en el Concello de Vilaboa sobre la situación urbanística de su terreno y se animó a empezar a construir ante el convencimiento de que el PXOM se aprobaría antes de que terminase su construcción y podría legalizarla. Sin embargo, eso no pasó.
Su abogada, Alba María Cea, valoró que este acuerdo de conformidad supone reducir la pena de prisión y la responsabilidad civil "al mínimo" y que la aprobación definitiva del PXOM de Vilaboa es "inminente", confía que "en los próximos meses", de modo que les permitirá "acreditar ante el juzgado" que la casa es legalizable. Según asegura, la vivienda "esperamos que se legalice", pues "con alguna matización" es legalizable.
La afectada estuvo arropada antes y durante el juicio por un nutrido grupo de vecinos pertenecientes al colectivo Salvemos Vilaboa. Su portavoz, Enrique López Patricio, reconoció, antes del juicio, que a estas alturas de la lucha están "desbordados" y "xa non entendemos nada". A su juicio, es "unha locura que te queiran meter na cárcere por querer facer unha casa, por moito que digan que é delito medioambiental" y "pouco ético" que la APLU meta en la Fiscalía a unos vecinos por construir una casa.