La Axencia da Legalidade Urbanística insiste ante la Plataforma Salvemos Vilaboa en ejecutar los derribos de las casas
Por Anxo Lourido
José Antonio Cerdeira, el director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), se reunía este viernes en Santiago de Compostela con representantes de la Plataforma Salvemos Vilaboa, entre los que se encontraba su presidente Enrique López, que se mantiene pendiente de que se ejecute el derribo de su propiedad, una acción que lleva al vecindario a estar alerta para impedir la intervención de las máquinas.
Cerdeira indicó que "la APLU adoptará todas las medidas a su alcance para restaurar la legalidad que considera que ha sido vulnerada" y velará por el cumplimiento de sus resoluciones y de los mandatos judiciales.
El director de este organismo público que depende de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio se mostró molesto, según los integrantes de la plataforma, porque acudieran a la cita cuatro representantes vecinales y el alcalde socialista José Luis Poceiro.
Finalmente, Cerdeira se reunió aparte con Poceiro y en el encuentro con los vecinos rechazó la petición que le transmitieron de esperar a que se apruebe el nuevo Plan de Ordenación (PXOM) de Vilaboa en el que 30 de las viviendas afectadas por las órdenes de derribo quedarían legalizadas. Enrique López afirma que en su sentencia de derribo no se establece ningún plazo para la ejecución y, sin embargo, el representante de la Xunta entiende que los expedientes siguen adelante y deben cumplirse.
Cerdeira insistió en que la agencia no puede revisar ningún caso hasta el momento en que el PXOM esté aprobado, señalando que las posibilidades de legalización de cada vivienda se analizarán en el momento en que entren en vigor las herramientas urbanísticas que "todavía no son una realidad".
Los afectados esperan que en menos de tres meses, el PXOM de Vilaboa sea remitido por el gobierno local a la Xunta de Galicia para su aprobación definitiva. Un plazo que sería insuficiente para que Enrique López, sobre quien pesa una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenando el derribo, pudiera salvar su casa si la APLU actúa con urgencia. "Son casas que levan 25 anos aí. Por que corre agora tanta presa?", se pregunta el presidente del colectivo de afectados.
Ante esta situación, los vecinos seguirán turnándose para mantener la guardia y hacer todo lo posible para evitar que las máquinas enviadas por la Axencia ejecuten el derribo. "La administración tiene la obligación de cumplir la ley y seguirá adelante con el proceso para ejecutar el mandato de la justicia", indica Cerdeira, que le recordó al propietario de la vivienda de Riomaior que puede acometer la demolición del inmueble voluntariamente alegando que sería "una solución que permitiría un notable ahorro de costes y trámites administrativos".
Según la Xunta, de los 58 expedientes sobre los que pesa una orden en Vilaboa, 30 son infracciones en suelo rústico y los 28 restantes se refieren a la zona de servidumbre del dominio público, que se rige por la normativa estatal de costas.
Los afectados también presentaron 3.300 firmas contra los derribos previstos en Vilaboa ante la Valedora do Pobo.
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