Representantes de 'Casa María', acusados de un delito contra la salud pública, defienden ante el juez el uso terapéutico del cannabis
Por Mónica Patxot & Anxo Lourido
Javier Puig es desde mayo de 2016 el presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) de España y este martes se sentaba ante el juez de la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra acompañado por Luis A. y Rubén B. Los tres están acusados, por parte de la Fiscalía, de un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita por haber organizado el colectivo 'Casa María' en Pontevedra.
Según el fiscal Pablo Varela, esta asociación había arrendado una vivienda en la calle Tristán de Montenegro en Pontevedra. Allí utilizaban una de las plantas como secadero de cannabis, que luego vendía a terceras personas. En el registro realizado por la policía se hallaron diez plantas de marihuana colgadas del techo de una habitación y en otra sala nueve plantas en periodo de crecimiento, plantadas en macetas, con sistema de riego e iluminación artificial. Según el fiscal, tenían alquilada una segunda vivienda en Vilaboa para destinarla a sembrar y hacer crecer las plantas de marihuana para la posterior venta de las sustancias derivadas de este cultivo. El escrito del ministerio público indica que el valor del material intervenido asciende a 5.288 euros.
Durante la vista oral, los tres acusados se declararon no culpables y en el caso de Javier Puig no admite los hechos que se le imputan. El cofundador de 'Casa María' señaló que la asociación se creó con tres socios originales y con motivo de la enfermedad de la madre de uno de los promotores. Puig indicó que en el momento de la constitución, en el año 2012, quisieron darle la forma legal más segura posible a un colectivo que nacía para evitar tener que acudir al mercado negro para adquirir la hierba. Para ello se leyeron "un montón de sentencias" al objeto de contar con información sobre otras asociaciones de consumo de marihuana y decidieron abrir el grupo a un círculo de aproximadamente 40 amigos. Inicialmente, el consumo se hacía en la sede de 'Casa María', después se permitió extraer a los socios pequeñas cantidades para el consumo en los domicilios. El acusado defendió que alrededor del 40% de los participantes realizaban un uso terapéutico de la sustancia pero señaló que siempre es difícil establecer el límite entre el uso terapéutico y el uso lúdico de la droga debido a que hay personas que consumen para combatir desde el insomnio hasta enfermedades como la fibromialgia o el lupus.
"CANTIDADES RIDÍCULAS" PARA CONSUMO DE LOS SOCIOS
Javier Puig reconoció que, durante un período de tiempo, llegó a cobrar un salario como trabajador de la asociación derivado del pago de la cuota que pagaban los integrantes y estuvo dado de alta en la Seguridad Social, además insistió en que la agrupación pagaba los diferentes impuestos fiscales. Apuntó también, a preguntas del fiscal, que todas las decisiónes se realizaban tras ser sometidas al criterio de la asamblea. Señaló que 'Casa María' aportaba "cantidades ridículas" de droga a aquellos socios consumidores. En este sentido indicó que los que más consumían no llegaban a 30 gramos al mes, pero la media normal estaba en ocho gramos mensuales por persona. Reconoció que incluso algunos socios se quejaban de la calidad y de la escasa cantidad del producto. "No éramos expertos y cometíamos gazapos", señaló Puig. Además indicó que garantizaba al 100% que los usuarios que llevaban la sustancia a su casa no traficaban con ella porque sus precios no eran competitivos en el mercado negro y "eso hace difícil que sea para algo distinto al consumo". Además, explicó que si algún socio fuera detectado traficando con la hierba sería expulsado.
El acusado, durante un largo interrogatorio, aseguró que no escondían ni publicitaban la sede porque la publicidad en este terreno sí está prohibida, pero reconoció que contaban con una web en la que colgaban determinados contenidos sobre el consumo de cannabis. Puig señaló que en el momento de la operación, la asociación contaba con cerca de 150 integrantes, la mayoría con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años. Cada uno de ellos debía de estar avalado por un socio para poder ingresar en la organización.
Puig alegó que durante estos años había mantenido contacto con la Unidad Sanitaria de Drogodependencias de Pontevedra, con el intendente de la Policía Local y ha participado en propuestas a favor de la legalización del cannabis en el Parlamento Catalán, en Euskadi y en Mallorca. Incluso reconoció que muchos de los socios, gracias a 'Casa María', habían reducido o abandonado el uso de esta droga. "Existe una vigilancia común", indicó en relación con los casos en que detectan un consumo fuera de lo normal.
El fiscal pide entre dos y cuatro años de prisión para los tres acusados por cultivo y tráfico de sustancias y por asociación ilícita. Pablo Varela anunció que renunciaría a este último delito en caso de comprobar en la vista oral que no existe dolo, voluntad de delinquir, por parte de los fundadores del colectivo. El jueves 28 se reanudará el juicio con la declaración de los otros dos acusados.
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