La Fiscalía Provincial de Pontevedra ha abierto diligencias para investigar el "deficiente funcionamiento" que se ha detectado en los últimos meses en el tramo de la autopista AP-9 entre Pontevedra y Vigo, como consecuencia de las obras de ampliación del puente de Rande.
El fiscal jefe provincial, Juan Carlos Aladro, ha explicado que este trámite legal es de carácter civil en protección de los derechos de los consumidores y los usuarios y que han podido constatar que existe un precedente jurisdiccional que se podría aplicar en este caso.
En concreto, se han incoado diligencias preprocesales o, lo que es lo mismo, han decidido comenzar con los trámites de recogida de documentación previa a la demanda. En esos trámites están participando el propio Aladro y varios fiscales más de Pontevedra, entre ellos, el delegado de Consumo, Alejandro Tuero.
Al respecto, Aladro ha explicado a PontevedaViva que la Fiscalía "es parte legitimada para ejercer acciones de consumo y esa es la razón por la que se ha decidido recabar esa documentación", a efectos de "en su día, si consideramos pertinente, proceder a la interposición" de la citada demanda.
Una vez recabada toda la documentación, valorarán ejercer una acción colectiva de cesación, en la que podría además ser solicitada una indemnización o la restitución a los usuarios afectados, como consecuencia del tránsito por dicho tramo, de las cantidades cobradas en el peaje.
En el caso de prosperar dicha acción colectiva, recuerdan, se exigiría la conservación de la documentación que acredite el uso de la autopista en el periodo de duración de la obra, de modo que se lanza una recomendación a los usuarios para que conserve los tickets que acrediten los pagos del peaje.
El ministerio fiscal adopta esta medida contra Audasa, concesionaria de la autopista, tras las denuncias recibidas ante la Fiscalía, las informaciones publicadas por los medios de comunicación relativas a los atascos en Rande o la queja presentada por la Valedora do Pobo.
Ese "deficiente funcionamiento sostenido en los últimos meses" que ha llevado a la Fiscalía a actuar afecta al tramo de la AP-9 en el puente de Rande y está derivado de las obras de ampliación de capacidad de la autopista en el enlace de Cangas–enlace Teis y en el citado puente.