Detrás de la ola de fuegos registrada entre el 8 y el 15 de octubre de 2017,que tuvo especial virulencia durante una fin de semana, hay una clara intencionalidad, pero no una planificación criminal organizada. Así lo constata el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, que este lunes compareció en la Comisión Especial no permanente creada en el Parlamento de Galicia para el estudio y análisis de la política forestal y los incendios.
Suances presentó en el Parlamento las conclusiones de las diligencias de investigación penitenciaria abiertas de oficio por la Fiscalía con motivo de aquella semana de elevada actividad incendiaria y en lo que tuvo en cuenta informes de las autoridades policiales en materia de incendios, Guardia Civil y Policía Autonómica, y también de la Policía Nacional en los casos en lo que intervino en zonas urbanas, especialmente en el área de Vigo. Para la investigación también contó con la colaboración de la Consellería de Medio Rural, que remitió su correspondiente informe.
El documento destaca la importancia determinante de las circunstancias meteorológicas "excepcionales" en los 352 incendios registrados en tan sólo una semana, que provocaron la muerte de cuatro personas y calcinaron algo mas de 47.000 hectáreas.
El informe apunta que se puede acreditar el altísimo porcentaje de intencionalidad de los incendios investigados, ainda que no es posible llegar a una cifra indubitada y conforme a todos los involucrados. En los incendios que arrasaron más de 500 hectáreas, su intencionalidad es dominante en mas de un 61%. Entre ellos están los siniestros en los que se produjo la pérdida de vidas humanas, que están siendo objeto de una especial y minuciosa investigación.
El porcentaje de fuegos intencionados varía en función de quien la analice. El informe de la Policía Autonómica analiza 97 incendios y determina una intencionalidad próxima al 70%. Lo de la Guardia Civil cataloga cómo intencionais 280 de los 352 analizado, un 79,5%. La Consellería de Medio Rural eleva la intencionalidad hasta el 87,7%.
El fiscal superior resaltó que, sea cual sea el índice manejado, "es extremadamente elevado y preocupante" y constituye "un fenómeno inaceptable desde todos los puntos de vista, capaz de devastar, como se comprobó, el territorio de la comunidad autónoma y causar graves daños en la vida y los bienes de las personas", así como "provocar una comprensible alarma e inquietud social e incalculables perjuicios económicos y ambientales".
La investigación no aportó ningún factor determinante en la ola de fuegos de 2017 diferente a los manejados en años anteriores, y no se constataron nuevas tipologías, en cuanto a los artefactos incendiarios. De igual manera, se verificó una vez mas que los tres elementos que pueblan el imaginario de la causa de los incendios: la madera, el urbanismo, y la economía del fuego, no fueron detectados. Quedan descartados como ya destacaba el informe de 2007 y actualizaciones posteriores.
El decreto de la Fiscalía se detiene especialmente en los incendios de mayor afectación, concretamente los 18 que superaron las 500 hectáreas, de los que un total de 11 fueron intencionados con gran probabilidad, mientras que los 7 restantes tuvieron su origen en la extensión o reproducción de otros incendios. Dentro de los primeros, el documento analiza los fuegos que provocaron la pérdida de vidas humanas, concretamente los de Nigrán y el entorno de la ciudad de Vigo así como el incendio que afectó a los ayuntamientos de Melón, Carballeda de Avia y Leiro, en la provincia de Ourense.
Por esta ola de fuegos fueron detenidas dos personas e investigadas tres y hay otros 31 sospechosos sujetos a algún tipo de investigación. El fiscal superior puntualizó que la autoría de los incendios no puede ser establecida, en un alto porcentaje, debido a las peculiaridades y dificultades intrínsecas de este tipo de investigaciones, y destacó el arduo trabajo que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la persecución de los incendiarios.